Usted está aquí: sábado 25 de agosto de 2007 Política Acoso militar en dos comunidades de Guerrero; pobladores temen abusos

En Temalacatzingo y Tlaquilcingo, inusual actividad policiaca y castrense desde abril

Acoso militar en dos comunidades de Guerrero; pobladores temen abusos

Denuncia el centro Tlachinollan violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas

hermann bellinghausen

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan denuncia desde Tlapa de Comonfort, Guerrero, que efectivos del Ejército federal, así como “presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) se movilizan en las comunidades nahuas de Temalacatzingo y Tlaquilcingo, en la región de La Montaña, y han advertido a la población que este mes de agosto realizarán cateos en sus casas. Los pueblos demandan que las fuerzas salgan de su territorio porque temen que sigan cometiendo graves violaciones a sus derechos humanos”.

Tlachinollan ha constatado “que la impunidad es el factor que perpetua la existencia de las violaciones a los derechos humanos”. Menciona los casos de la adherente de la otra campaña Inés Fernández Ortega y el de Valentina Rosendo Cantú, “tlapanecas que han sufrido el encubrimiento a los elementos militares que las atacaron sexualmente y tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar justicia”.

La actividad de las corporaciones, añade la organización, es poco usual en estos pueblos y, según el testimonio de los indígenas, los recorridos y la instalación de retenes se han vuelto frecuentes desde abril. En lo que va de agosto, los vecinos denunciaron al menos tres acciones del Ejército que violan los derechos de las comunidades.

Especialmente afectadas han resultado Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá, y Tlaquilcingo, en Ahuacuotzingo. “Existen antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en ambas comunidades en 1997, cuando realizaron cateos e interrogatorios ilegales, invadieron el territorio, allanaron los hogares, torturaron y desaparecieron a indígenas, y violaron mujeres”.

El pasado 11 de agosto, 10 vehículos de la PIM ingresaron a Tlaquilcingo y pidieron a dos indígenas acercarse a ellos; estos se negaron y el agente al mando amenazó: “En poco tiempo se cateará la comunidad y entonces sí, aunque no quieran”.

El día 15, unos cien militares instalaron un retén muy cerca de Temalacatzingo. Después arribaron en sus vehículos al poblado y sin consultar a las autoridades comunitarias asentaron un campamento a la orilla del pueblo. Ahí permanecieron tres días, revisando e interrogando a los vecinos en un retén que instalaron en el camino que comunica a Temalacatzingo con Ixcamilpa.

El comisario municipal de Temalacatzingo, Felipe Santiago Bello, afirma: “El Ejército hace unos días invadió la comunidad, se apostó a unos metros de distancia del pueblo y bajan armados a la comunidad, por eso la gente se atemoriza. No queremos al Ejército porque en el pueblo no hay problemas, tampoco se siembra droga, la gente está en paz y así quiere estar”.

Otro poblador, José Dolores Bello, recuerda que en 1997 “mucha gente se encontraba en una capilla y de ahí los sacaron y se los llevaron a una barranca apartada”. Ese año, afirman los vecinos, “los soldados torturaron a niños, hombres y mujeres y desaparecieron a Juan Leonor Bello, quien fue detenido, y al día siguiente encontraron su cuerpo tirado en una barranca de Ahuacuotzingo”.

Tlachinollan documentó entre 1997 y 2001 más de 70 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en territorios indígenas de Guerrero. Ante la militarización de Temalacatzingo y Tlaquilcingo, el centro reitera su preocupación porque el Ejército mantiene una “guerra de intimidación” contra las poblaciones de La Montaña y Costa Chica, con la justificación de su campaña de combate al narco y la aplicación de ley de armas de fuego y explosivos, lo que provoca “violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población indígena, a la que el gobierno de por sí ha excluido de los beneficios sociales”.

 
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