Enviará copias al Congreso y a los implicados para que puedan alegar
Esta semana, informe “preliminar” de Silva Meza sobre el caso Lydia Cacho
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan N. Silva Meza entregará esta semana su informe “preliminar” a 25 funcionarios y autoridades de Puebla (particularmente al gobernador Mario Marín) y de Quintana Roo, señalados como responsables de haber violado las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
Una vez que el pleno determinó hace unos días que el informe sobre la investigación del caso Lydia Cacho era “preliminar”, se acordó que el ministro enviara a cada uno de los funcionarios señalados como violadores de las garantías de la periodista, así como al Congreso de la Unión, una copia certificada (cada expediente consta de más de mil 200 hojas) del documento, para su conocimiento y para que cada quien alegue lo a que su derecho convenga.
Una vez que sean notificados, contarán con 15 días para presentar la documentación que consideren necesaria para su causa, por lo que se prevé que sea para finales de septiembre que Silva Meza termine de redactar su proyecto de dictamen.
De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, se da por hecho en la SCJN que el ministro Silva presente las mismas conclusiones que en el documento que le leyó al pleno en junio pasado y en el que determinaba la responsabilidad plena del gobernador Marín en la confabulación de autoridades de Puebla y Quintana Roo en la violación grave de las garantías de la autora del libro Los demonios del Edén.
Quedará pendiente la posición que asuman otros ministros respecto del dictamen de Silva; hasta el momento son pocos los que hablan de apoyar abiertamente las conclusiones del mismo.
Por otra parte, este lunes el pleno determinará los límites de la actuación de la Comisión Investigadora, integrada por dos magistrados de circuito, para el caso San Salvador Atenco, y se prevé que una vez que estos entreguen su informe “preliminar”, el pleno, en sesión pública, determine si existe presunción de que hubo violación grave a las garantías individuales de los pobladores de esa localidad mexiquense.
En caso afirmativo, se designaría a un ministro para que redacte el dictamen correspondiente.
Los ministros también aprobarán los alcances y limitaciones que regirán a la comisión que investigue los hechos ocurridos en Oaxaca durante el año pasado, así como la posible responsabilidad del Ejecutivo federal (encabezado en aquel entonces por Vicente Fox), el gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, y otras autoridades locales por no haber actuado a tiempo para resolver el conflicto, el cual por cierto, continúa.
Cabe recordar que el acuerdo general avalado por los ministros pone “especial atención” en el respeto al marco constitucional y a “los derechos fundamentales de todos aquellos sujetos que pudieran estar involucrados” en la averiguación, es decir, de los presuntos responsables.
También se pretende con la nueva reglamentación para las comisiones que éstas actúen con base en el artículo 97 constitucional, que den “certeza y uniformidad a dichas investigaciones”, como dijo el ministro Sergio Valls en conferencia de prensa.
El acuerdo general precisa que la Corte no hará recomendaciones sobre posibles sanciones a funcionarios responsables de violar gravemente las garantías individuales; aunque, en el caso concreto del informe elaborado por Silva Meza, en el que señala que el gobernador de Puebla, Mario Marín, es responsable de haber violado los derechos de Lydia Cacho, no se pedía juicio político contra el funcionario, sino que se informara a las autoridades correspondientes para que actuaran en consecuencia.