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Editorial

Impunidad y barbarie

Con la absolución del teniente coronel estadunidense Steve L. Jordan, único jefe militar juzgado por el escándalo de violaciones a los derechos humanos en Abu Ghraib, concluye legalmente la investigación en torno a las torturas y los maltratos perpetrados por las milicias estadunidenses en esa cárcel de la capital iraquí. Durante los meses de septiembre y noviembre de 2003, Jordan estuvo a cargo del centro de interrogatorios de la prisión y fue señalado como responsable por el cúmulo de atrocidades cometidas por soldados estadunidenses en contra de los presos iraquíes. La defensa de Jordan argumentó que el coronel de 51 años carecía de autoridad dentro de Abu Ghraib y que tuvo que confrontar una situación “poco clara y bajo presión”. La corte militar, por su parte, sólo encontró culpable a Jordan por desobedecer la orden de un superior, en el sentido de no intercambiar con otros soldados datos sobre la investigación interna de los abusos cometidos, por lo que el militar estadunidense sólo recibió una reprimenda. El abogado defensor de Jordan, Kris Poppe, calificó la sentencia como un “reconocimiento a 28 años de fiel servicio al ejército”.

El episodio de las violaciones a los derechos humanos en Abu Ghraib cobró relevancia mundial en 2004, cuando los medios de comunicación dieron a conocer una serie de fotografías en las que se mostraba a los presos encadenados, desnudos, ensangrentados y amenazados por perros a los que azuzaban efectivos estadunidenses, e incluso a un cautivo asesinado y de cuyo cadáver se burlaban los soldados ocupantes. A raíz de las expresiones de rechazo por parte de la comunidad internacional ante la evidencia gráfica de tales brutalidades, una docena de soldados de rangos inferiores fueron procesados y encarcelados. El ex cabo Charles Graner recibió la condena más severa: 10 años de prisión. Otra de las implicadas, Lynndie England, trató de exculparse con el argumento de que el propio Graner “la utilizó” para cometer los abusos y que “no sabía lo que hacía”.

En mayo del mismo año, el diario británico The Guardian dio a conocer que las técnicas usadas por los soldados estadunidenses en Abu Ghraib formaban parte de un manual de procedimientos para interrogatorios elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Se evidenció entonces que las torturas perpetradas eran parte de las políticas de Estado del gobierno de George W. Bush en el contexto de su “guerra contra el terrorismo internacional”. Tal información pone de manifiesto, además, que los hechos referidos no fueron producto de anomalías en la conducta de los custodios de la prisión ni mucho menos de un accidente, sino parte de una estrategia militar estructurada, en la que participaron altos mandos militares de Estados Unidos y que contó con el consentimiento de las autoridades civiles. Resulta inverosímil que una atrocidad sistemática pueda llevarse a cabo sin el conocimiento y la aprobación de altos funcionarios gubernamentales. Visto a la distania, no es casual el alegato del ahora dimitente secretario de Justicia Alberto Gonzales a favor de la “tortura moderada”.

La determinación del tribunal militar en torno al caso de Steve L. Jordan es, pues, un sello de garantía para la impunidad: con la absolución de ese coronel se pone punto final al episodio, sin haber sancionado a quien, por acción o por omisión, permitió o propició los abusos y las vejaciones. El episodio en su conjunto es expresión de la bancarrota moral en que se encuentra el gobierno de Washington y una nueva evidencia de que la Casa Blanca y el Pentágono son los principales violadores de las garantías individuales en el mundo.

 
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