Número 134 | Jueves 6 de septiembre de 2007 Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER Directora general: CARMEN LIRA SAADE Director: Alejandro Brito Lemus
Cada determinado tiempo, las normas oficiales de salud deben ser actualizadas para introducir los avances en el tratamiento de enfermedades o adecuarlas a las nuevas tecnologías de prevención, entre otras razones. A la Norma Oficial Mexicana para la prevención y control del VIH/sida le llegó su turno el año pasado. Los vocales del Conasida se dieron a la tarea de revisarla y proponer los cambios conducentes. Su propuesta estuvo lista el año pasado y fue enviada a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (Ssa) para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, dicha dirección, a cargo de Bernardo Fernández del Castillo, ex abogado de la Arquidiócesis de México, la ha retenido sin explicación de por medio. Se afirma que el retraso se debe a que se han encontrado “algunos errores” en su elaboración. Sin embargo, algunos vocales representantes de la sociedad civil en el Conasida han revelado las verdaderas causas: la incorporación en la NOM de la definición de algunos términos, como homosexual, transexual y trangénero, que incomodaron al abogado Fernández del Castillo. Conceptos fundamentales desde el punto de vista epidemiológico, tal como señalan las instancias internacionales, como el ONUSIDA o la OMS. Desde donde se vea, no se justifica de manera alguna la tardanza de más de un año en la publicación de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) 010 para la prevención y control del VIH/ sida en el Diario Oficial de la Federación, sobre todo porque ha habido un trabajo constante por parte de las instancias responsables de su elaboración. Tras la llegada de Fernández del Castillo, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, se apresuró a decir que no “metería la mano” en lo relativo a salud sexual y reproductiva (La Jornada, 1/02/2007). Sería muy grave descubrir que la filiación ideológica del director de Asuntos Jurídicos sí está afectando las políticas públicas en materia de VIH/sida.