Repudian ONG el crimen del encargado de casos graves de violación a garantías
Pide AI indagar homicidio de defensor de los derechos humanos en Sinaloa
Las autoridades mexicanas deben esclarecer de manera prioritaria el asesinato del defensor de derechos humanos Ricardo Murillo Monge, integrante del Frente Cívico Sinaloense (FCS), ocurrido en días pasados en Culiacán, pues el hecho puede estar relacionado con su labor, aseguró Amnistía Internacional (AI).
La organización instó a los gobiernos federal y estatal a tomar las medidas de protección necesarias para los familiares del activista y para integrantes del FCS, y recomendó preservar “las evidencias del caso para que se investigue de manera pronta, eficaz e imparcial.
“AI ve con preocupación que este crimen pueda estar relacionado con el trabajo de Murillo Monge como defensor de los derechos humanos y, por tanto, considera que otros miembros del FCS pueden estar en peligro”.
El cuerpo del activista fue hallado con un balazo en la cabeza la madrugada del pasado jueves en el asiento delantero derecho de un vehículo. En 1993 fundó la ONG sinaloense y se caracterizó por su trabajo en favor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios y en casos graves de violaciones a las garantías fundamentales.
“El esclarecimiento de este asesinato debe ser una prioridad tanto para autoridades estatales como federales. La protección de otros defensores y la posibilidad de que ellos puedan adelantar su trabajo sin temor o dificultades adicionales, depende de que las autoridades demuestren la voluntad y capacidad de resolver el crimen y de llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó AI, y agregó que seguirá de cerca los esfuerzos de las autoridades en este caso.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que este crimen “puede significar un recrudecimiento de la violencia contra los defensores de derechos humanos”.
La ONG nacional refirió que en el contexto de la “grave violencia que se ha desatado en México desde el inicio del presente sexenio”, el asesinato del activista “significa un foco rojo” ante el que es necesaria una acción por parte de los distintos órganos de gobierno para esclarecer “este abominable crimen”.
Por ello, exigió a las autoridades que se establezcan de manera urgente las medidas preventivas para salvaguardar la integridad física y sicológica de los familiares de Murillo, así como de los demás activistas del FCS; que se realice una investigación ministerial “pronta y expedita”.
En tanto, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCF) consideró que el asesinato de Murillo “es un nuevo elemento que permite ver la dimensión de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México en estos momentos; por lo que la protección de otros activistas y la posibilidad de que puedan realizar su trabajo sin temor o dificultades adicionales, depende de que las autoridades demuestren la voluntad y capacidad de resolver el crimen”.
Además de las exigencias esgrimidas por los otros organismos, OCF demandó a Felipe Calderón, en una carta que le hizo llegar ayer mismo, que se garantice la normativa internacional sobre los derechos de los activistas, la cual el Estado mexicano está obligado a cumplir.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó el homicidio y lo calificó “como una grave y peligrosa señal de retroceso en la lucha por la defensa y promoción de las garantías individuales” en el país.