La reforma electoral
Lo que se ha prometido como reforma electoral de la “tercera” generación (se supone que la de la primera fueron todas las que van de 1977 a hasta antes de la de 1996 y que ésta fue la segunda), parece haber obtenido el consenso de las principales fuerzas políticas del país. No hay nada seguro, pero hasta el momento los grandes partidos y algunos de los pequeños han acordado marchar juntos en la nueva reforma. Siempre que hemos avanzado en nuestra democratización lo hemos hecho a través de los pactos, del consenso de todas las fuerzas políticas o, por lo menos, de las que más pesan en el escenario nacional. Fue una lección que nunca se aprendió por completo, de manera que cada acuerdo se vio siempre como algo novedoso, siendo que nunca se ha podido ir hacia delante de otra manera.
Lo realmente inédito no es que los actores políticos se hayan puesto de acuerdo, sino que lo hayan hecho convencidos de que la experiencia de 2006 no deberá volver a repetirse jamás. En las pasadas elecciones presidenciales salieron a flote todas las deficiencias que cargábamos desde 1996 y pudo verse que los partidos no acaban de ser los verdaderos actores de las contiendas electorales y que muchas otras fuerzas han demostrado ser capaces de distorsionar y ensuciar procesos electorales que parecían perfectamente bien diseñados. Hay que recordar de nuevo que el anterior consejo del Instituto Fedesral Electoral envió al Congreso, en su despedida, un documento muy importante sobre esas deficiencias e hizo propuestas para que no se diera lo que acabó sucediendo en 2006.
En su recomendación, el anterior consejo del IFE ponía énfasis en tres asuntos capitales: el poder del dinero, el poder de los medios electrónicos de comunicación y las lagunas legales que maniataban la acción correctora del consejo del instituto. Esos tres asuntos fueron decisivos para distorsionar el proceso electoral de 2006 y los partidos decidieron tomar cartas en tales asuntos. La llamada ley Beltrones para la reforma del Estado creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, que debería concertar a los partidos para que hicieran el planteamiento de una nueva reforma electoral (entre otras). Ha sido en ese órgano que los partidos se han puesto de acuerdo, finalmente, para resolver los problemas que el anterior consejo del IFE señalaba como los más importantes y de más urgente solución.
Como era de esperarse, los acuerdos muchas veces no ponen de acuerdo a nadie o, en el mejor de los casos, siempre hay quienes no se dan por satisfechos. En el tema del financiamiento de las actividades ordinarias permanentes, la propuesta es que el número total de ciudadanos empadronados se multiplique por el 65 por ciento del salario mínimo en el DF y de la cantidad que resulte el 30 por ciento se reparta de modo igualitario y el restante 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior. Los partidos pequeños, por supuesto, no están de acuerdo porque prevén que lo que les toca a ellos será castigado en beneficio de los grandes partidos.
Para el financiamiento de las campañas electorales, cuando se elija presidente será del 50 por ciento de lo que corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese año; para la elección de diputados será del 30 por ciento. Para las llamadas actividades específicas (educación, capacitación, investigación y tareas editoriales) corresponderá a cada partido el 3 por ciento del monto total del financiamiento público de actividades ordinarias en la misma proporción de 30 y 70 por ciento. La ley deberá fijar el monto máximo de las aportaciones de simpatizantes a los partidos hasta el 10 por ciento del tope de gastos de la campaña presidencial. Estas nuevas reglas, de aceptarse, redundarán en una muy consistente reducción de los gastos exorbitantes con los que se ha financiado nuestro actual sistema electoral. Eso era una demanda generalizada.
Desde mi punto de vista, empero, lo más importante radica en el segundo punto, vale decir, la prohibición expresa de que los grandes medios de comunicación hagan negocio con los dineros públicos a partir de los procesos electorales. Desde luego, las televisoras han puesto el grito en el cielo y, como siempre, se han venido dedicando a bombardear estos vitales acuerdos entre las fuerzas políticas, con el muy menor tema de la remoción de los consejeros electorales y la sorprendente revelación de que ahora ellas son las guardianas de la autonomía y la independencia del IFE. Afortunadamente, las diferentes fuerzas políticas parecen estar decididas a resistir las embestidas de los monopolios televisivos y sus achichincles.
Se podrían citar in extenso las reformas que se proponen, pero bastará decir que las televisoras y los consorcios radiofónicos, simplemente, están fuera de las campañas. El IFE administrará los tiempos oficiales, integrados por los tiempos de Estado (30 minutos diarios) y por los tiempos fiscales que Fox redujo de 12.5 a 1.5 por ciento del tiempo de transmisión total, pero que a juicio de la misma autoridad electoral podrán ampliarse lo que sea necesario, para que los partidos hagan su difusión en campañas o exhiban sus programas informativos. Ni un centavo más para los monopolios. Eso representará un ahorro por campaña de más de 3 mil millones de pesos (si atendemos a lo gastado por ese concepto el año pasado) que los partidos se veían obligados a entregar en aras de sus pugnas electorales y que ha puesto a Azcárraga Jean y a Salinas Pliego al borde la locura.
Creo que a ellos eso es lo que más les duele por el momento, pero no es lo más importante. Lo verdaderamente benéfico es que a los medios electrónicos se les mella el filo en sus intrigas y en sus ímpetus por apoyar a ciertos candidatos o a tratar de decidir el destino de las elecciones. Con sólo eso, hay elementos clásicos de las elecciones que pueden ser recuperados y, en primer término, la necesidad de que los candidatos y sus partidos se vuelquen hacia el electorado y la ciudadanía pueda conocerlos en primer plano y no a través de lo que ya algunos comienzan a llamar espotología y que muchos malpensados han identificado como proctología electoral. Quedaría por escudriñar un poco en la parte que el nuevo artículo 41 constitucional establece las nuevas atribuciones de las autoridades electorales, en especial del IFE, y que llenan bastante bien las lagunas en que esa autoridad se debatía al enfrentar lo inesperado en las elecciones. Lo haré en otra entrega.
A mi inolvidable y dulce Julieta Campos.
A mi entrañable amigo Enrique González Pedrero, con mi dolor compartido