Su muerte es muestra de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos: ONG
Abre la CNDH investigación sobre el asesinato del activista Ricardo Murillo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación e inició un expediente de queja en torno al asesinato de Ricardo Murillo Monge, integrante del Frente Cívico Sinaloense (FCS), ante la denuncia de diversas organizaciones sociales de que el móvil del homicidio pudo ser por su labor en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.
En un comunicado, el organismo encabezado por José Luis Soberanes informó que con las indagatorias dará seguimiento a las actuaciones de la autoridad competente, que investiga la ejecución del activista, ocurrida la madrugada del pasado jueves.
Además, indicó que ya solicitó a las autoridades correspondientes medidas cautelares de protección para los familiares del agraviado, “con el fin de prevenir la consumación de hechos de difícil o imposible reparación”.
LA CNDH envió un equipo de investigación al lugar de los hechos (Culiacán, Sinaloa), con objeto de entrevistarse con familiares del defensor de derechos humanos, miembros de asociaciones civiles y autoridades.
El organismo pidió a los gobiernos federal y estatal proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos: “que sea protegido el trabajo en favor de la defensa de las garantías fundamentales y a quienes lo llevan a cabo, como lo dispone la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, subraya en el comunicado.
Destacó que el artículo 12.2 de esa normativa internacional establece que “el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente declaración”. Por ello, remarcó que el Estado mexicano está obligado a garantizar la labor y protección de los activistas.
Por su parte, el Centro Nacional de Comunicación Social manifestó su repudio por la ejecución de Murillo, y exigió a las autoridades competentes castigar a los culpables del crimen y se otorguen medidas cautelares a los familiares y activistas del FCS.
“El asesinato de Murillo Monge es una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos, que ahora tienen que pagar con su vida por el trabajo que vienen realizando. Ante hechos como este las autoridades gubernamentales competentes tienen la responsabilidad de aplicar acciones, así como prevenir y castigar a los responsables. Es responsabilidad del Ejecutivo federal y del gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, realizar una investigación seria del caso”, indicó.
La organización no gubernamental advirtió que no se puede permitir que estos agravios contra defensores de derechos humanos queden impunes, “porque violentan el estado de derecho, la legalidad y la legitimidad, así como contravienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha firmado”.