Usted está aquí: miércoles 12 de septiembre de 2007 Política Aprueban en comisiones la salida de Luis Carlos Ugalde

Pese a presiones sale adelante la reforma electoral

Aprueban en comisiones la salida de Luis Carlos Ugalde

Se incluye la prohibición del pago de propaganda en radio y tv

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

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Ampliar la imagen Ayer, las comisiones de Estudios Legislativos y la de Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado de la República se reunieron con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En la primera gráfica aparecen Tristán Canales, de TvAzteca, el senador Jorge Mendoza y el presidente de la CIRT, Enrique Pereda; en la siguiente fotografía se aprecia al empresario Rogerio Azcárraga y los legisladores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo Ayer, las comisiones de Estudios Legislativos y la de Gobernación y Puntos Constitucionales del Senado de la República se reunieron con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En la primera gráfica aparecen Tristán Canales, de TvAzteca, el senador Jorge Mendoza y el presidente de la CIRT, Enrique Pereda; en la siguiente fotografía se aprecia al empresario Rogerio Azcárraga y los legisladores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo Foto: José Antonio López

A pesar de las presiones de los empresarios de los medios electrónicos, en comisiones se aprobó anoche la reforma electoral que incluye la remoción inmediata del presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, y dos consejeros más, así como la salida de otros tres el próximo año y la permanencia de tres más hasta 2010.

El dictamen, que esta madrugada será presentado en primera lectura ante el pleno del Senado, incluye la prohibición del pago de propaganda electoral en medios electrónicos y las campañas sucias y denigrantes a través de las pantallas televisivas y las estaciones de radio.

La reforma que modifica siete artículos constitucionales se aprobó en lo general por unanimidad, aunque en lo particular los partidos Verde Ecologista y Convergencia se reservaron varios artículos, que tienen que ver con la distribución de los tiempos oficiales, ya que pretenden que el reparto sea equitativo y no con base en la fuerza real que representan.

La discusión se destrabó la madrugada de ayer, cuando los partidos acordaron la salida inmediata de Luis Carlos Ugalde y dos consejeros más.

Se estableció la remoción escalonada de los nueve consejeros. Así, otros tres de los actuales funcionarios serán removidos en agosto de 2008 y los tres restantes concluirán su periodo en 2010. Sin embargo, se acordó que los consejeros electorales y el presidente de IFE en funciones, a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán en sus cargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la reforma aprobada.

Los legisladores precisaron en el artículo 4 transitorio que en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Diputados procederá a integrar el Consejo General del IFE, conforme a lo siguiente:

“Elegirá un nuevo consejero presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2013; llegado el caso podrá ser relecto por una sola vez; elegirá, de entre los ocho restantes consejeros electorales, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008, y a tres que continuarán en su cargo hasta el 30 de octubre de 2010; se elegirán dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2016. Y a más tardar el 15 de agosto de 2008, relegirá a tres nuevos consejeros electorales, que concluirán su mandato el 31 de octubre de 2013.”

También se precisa que para los efectos de la renovación de los magistrados electorales de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Los senadores atendieron los cuestionamientos que la víspera hicieron legisladores de todos los partidos en lo que toca a la prohibición total a los institutos políticos para adquirir tiempo, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión, con objeto de no atentar contra la libertad de expresión. En ese tenor, se realizó un cambio de redacción al penúltimo párrafo del apartado A del artículo 41, el cual decía: “Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar la difusión de mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección… (se modificó ‘no podrá contratar la difusión de mensajes’, por ‘no podrá contratar propaganda’)”.

De esta manera, los senadores dieron respuesta a los reclamos de los concesionarios de la radio y la televisión, que ayer asistieron a una reunión con las comisiones dictamidoras de la reforma referida.

De igual forma, se cambió por consenso entre los legisladores la redacción del artículo 6 constitucional, para establecer que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos en la ley”.

En el apartado B del artículo 41 se establece que “cuando a juicio del IFE el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera”.

Sobre este punto, que abre la posibilidad de contratar espacios en radio y televisión, pese a que “queda prohibido a los partidos y candidatos”, el perredista Arturo Núñez precisó que “esta modalidad sólo podrá ser utilizada por el IFE si requiere de más tiempos para campañas de credencialización, el llamado al voto u otras actividades, pero nunca será destinado –ese tiempo contratado– para los partidos políticos, porque estará expresamente en la ley”.

En las consideraciones del dictamen se detalla que entre los avances que se lograron con esta reforma de tercera generación se encuentra “que ni el dinero ni el poder de los medios de comunicación se erijan en factores determinantes de las campañas electorales y sus resultados, ni de la vida política nacional”.

 
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