Participan al menos cuatro secretarías, corporaciones policiacas y hasta el Congreso
En marcha desde diciembre, plan del gobierno contra miembros del EZLN
De acuerdo con un informe “de campo” elaborado por brigadas independientes, a partir de diciembre se desató en tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 “una escalada de agresiones e intimidaciones”, apuntalada con un “vertiginoso proceso de despojo de tierras”, encubierto por una presunta “disputa” por el control territorial y la intención de practicar “desalojos forzosos contra cientos de familias zapatistas” en Chiapas.
El 25 de marzo, la Comisión Sexta del EZLN hizo pública la Campaña mundial por la defensa de las tierras y los territorios indígenas y campesinos, autónomos, de Chiapas, de México y del mundo. Ante el actual panorama de represión y despojos, los pueblos zapatistas implementaron el programa Brigadas de Observación Tierra y Territorio (BOTT), conjuntamente con el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE). El plan consiste en conformar grupos para “observar, dialogar con autoridades autónomas y familias indígenas amenazadas en su integridad, bienes, autonomía, tierras y territorios”.
La forma de trabajo fue acordada entre las juntas de buen gobierno (JBG) y el mencionado centro. “Una vez en campo, las BOTT son coordinadas por las JBG y las autoridades de los municipios autónomos. Las BOTT observan y documentan las agresiones y amenazas que padecen diversos pueblos zapatistas”. La estrategia del gobierno en la conformación de la “contra” y el “desarrollo” de proyectos presupuestados dentro de territorio indígena, según el informe Tierra y territorio (CAPISE, septiembre de 2007), son “respaldados, operados y encubiertos” por las secretarías de la Reforma Agraria, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, y Gobernación; la Procuraduría Agraria; Seguridad Pública federal, estatal y municipal, y por el Congreso de la Unión.
“La estrategia se desnuda por sí sola”, y se basa en argumentar “una defensa de la reserva de la biosfera de Montes Azules”. Pero no sólo eso: el EZLN y la construcción de su autonomía traducida en libre determinación como pueblos indígenas son “factores determinantes en la estrategia por el control político, social y económico de su territorio”.
El trabajo mencionado determina que “el desafío nacional” de la Sexta declaración de la selva Lacandona no es un asunto desatendido por las autoridades. En distintos momentos “el gobierno federal ha mostrado astucia, torpeza y brutalidad contra los movimientos sociales; sin embargo, la brutalidad policiaca y militar empieza a permear el país, particularmente contra personas y organismos adherentes a la Sexta declaración y la otra campaña, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y diversos organismos sociales y civiles que osan contravenir los lineamientos del Estado”.
Así como es frecuente en Chiapas que familias o miembros de organizaciones sociales “se autonombren bases de apoyo zapatistas aunque no lo sean, con la finalidad de no quedar descubiertos”, con los adherentes a la otra campaña sucede “algo similar”. Esto da pistas del “gradual impacto que implica el desafío del EZLN y sus pueblos”, a pesar de que el boicot mediático es “abrumador”.
Este primer informe se deriva de un trabajo colectivo entre las JBG, los concejos autónomos, los pueblos zapatistas, los brigadistas y el CAPISE en torno al caracol de La Garrucha, que comprende gran parte de la selva tzeltal dentro del municipio oficial de Ocosingo y agrupa los municipios autónomos Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa y Ricardo Flores Magón.
Al paso de los años se han registrado, de diversas maneras, hostilidades, intimidaciones y amenazas contra poblaciones indígenas. “De 1994 a la fecha, para el Estado mexicano el enemigo sigue siendo interno; el EZLN, su proyecto, lo que hace y lo que representa, son asuntos de seguridad nacional”, sostiene el CAPISE.
Tras el lanzamiento de la Sexta y los recorridos de la Comisión Sexta del EZLN por territorio nacional, “el Estado ha implementado una brutal ofensiva contra los pueblos zapatistas, sus autoridades y el proyecto de libre determinación de los pueblos indígenas dentro de la demarcación territorial que comprenden los caracoles y sus municipios autónomos”. De diciembre a la fecha, “el recrudecimiento de hostilidades hacia los pueblos zapatistas es alarmante”. La investigación de las BOTT documenta esta “brutal embestida” contra los pueblos zapatistas.