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No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por la partidocracia: CIRT

Exigen concesionarios referendo acerca de la reforma electoral

Proponen que lo organice el IFE y ofrecen tiempos para convocar a los ciudadanos

Alonso Urrutia

Esta vez dejaron de lado los matices. En nombre de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Sergio Sarmiento fijó la postura de los concesionarios acerca de la reforma electoral: “exigimos un referendo, una consulta popular, para que los mexicanos se expresen de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia. No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos dirigentes de partidos políticos”.

Asimismo, solícitos, los concesionarios ofrecieron los “tiempos necesarios” en los medios de comunicación “para convocar la participación ciudadana”.

Ahí estaban los representantes de los poderes fácticos: Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas Pliego, de Tv Azteca, y el resto de concesionarios que controlan el mercado radiofónico, para estrechar el cerco mediático sobre la Cámara de Senadores. Junto a ellos, los representantes de otras cúpulas empresariales cerraron filas en defensa de los intereses de los empresarios de la comunicación.

Presentes también, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia Núñez. Todos unidos en su afán de descarrilar la reforma electoral consensuada en el Senado e impedir la proscripción de la compra de publicidad electoral que tantos millones de pesos les arrebatará cada año electoral.

Cambio de tono

Así, de la propuesta que a título personal hicieran la víspera varios conductores de televisión, los concesionarios pasaron a la exigencia en voz de Sarmiento. “Exigimos –aseveró el periodista de Tv Azteca y Radio Centro al hablar en nombre de los empresarios de la comunicación– que el actual IFE ciudadano supervise la consulta popular”.

En cadena nacional “voluntaria”, utilizaron sus frecuencias para arremeter contra los legisladores y clamaron contra la reforma electoral que, dijeron, significa una “agresión no sólo a los medios de comunicación, sino que afecta derechos fundamentales de todos los mexicanos”.

Acudieron a la cita el presidente del CCE, Armando Paredes –cuyo organismo fue señalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber violado la legislación electoral–, así como el de la Concamin, Ismael Plascencia, para respaldar la postura de la CIRT.

Las cúpulas empresariales se congregaron para presionar en favor de sus intereses –como lo hicieron en los tiempos de Luis Echeverría Álvarez o en el ocaso del sexenio de José López Portillo, entonces para condenar las políticas económicas–, pero esta vez no hubo mención a la reforma fiscal: el objetivo fue directo: descalificar la electoral.

De acuerdo con los empresarios, esta reforma viola la libertad de expresión, “porque despoja a la gente de la posibilidad de expresar sus posiciones en medios electrónicos”, además del derecho de los ciudadanos a ser informados, por cualquier medio lícito; el derecho a una autoridad electoral ciudadana, y el derecho a optar por cargos de elección popular.

Los empresarios de la comunicación hablaron también, en forma inusual, de la violación al “derecho a la información”, porque “la cancelación de transmisiones de radio y televisión por procedimientos sumarios plasma la censura a nivel constitucional”.

El conductor de Tv Azteca y Radio Centro utilizó un tono solemne para apelar a la necesidad de realizar el que llamaron “referéndum por la libertad” y, al mismo tiempo, para condenar a los senadores acusándolos de negociar “en lo oscuro”, por lo que el contenido de la reforma sólo nos fue revelado unos días antes.

Con esta lógica, los integrantes de la CIRT plantearon convocar a los ciudadanos a una consulta para fijar posturas de los diferentes puntos de vista, exponer sus motivos y explicar sus propuestas, cerró Sarmiento.

La nueva sociedad civil

Minutos antes, en nombre del CCE, Paredes Arroyo se asumió como parte de una sociedad civil que reclama que “la libertad de expresión no debe ser sujeta a negociaciones, (y) resulta inaceptable que se pretenda privar de esta libertad a la sociedad”. Habló también de la falta de profundidad de la reforma electoral y de la existencia de un sesgo favorable a los partidos políticos.

La reducción de los tiempos de campaña, manifestó, no se corresponde con la reducción de los gastos y no se refleja en una disminución real de las prerrogativas de los partidos políticos.

Ismael Plascencia, de la Concamin, condenó la actitud de los legisladores por “agarrar de rehén a este país. No es posible, después de que ellos quieren, sacar la reforma fiscal, (porque) la están amarrando a una reforma electoral”. Esta situación, dijo, tiene muy molestos a los industriales.

Durante la transmisión, Luis Niño de Rivera, vocero de Tv Azteca, leyó un desplegado que pagó el Consejo Nacional de la Comunicación Voz de las Empresas, en el que también condenan la reforma electoral. Con similares cuestionamientos que el resto de las cúpulas empresariales, el documento concluye con una “sugerencia respetuosa” para ampliar el periodo de consulta de la reforma.

 
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