Golpe político en la sucesión de 1999
Por la importancia que tiene para la vida del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es, invariable y permanentemente, centro de interés no sólo del gobierno federal, sino también de variadas expresiones políticas y partidistas.
Cuando la institución encara el proceso de sucesión de rector, las maniobras intervencionistas se intensifican.
Ocurren entonces actos de abierta intromisión, generalmente en alianza o en apoyo de los grupos que en su interior buscan incidir en la designación. En ese contexto, la UNAM suele ser escenario de batallas soterradas y en ocasiones abiertas, para tratar de excluir a algún aspirante con posibilidades reales de alcanzar la designación.
Un ejemplo para ilustrar los niveles a los que puede llegar la disputa por la rectoría de la UNAM es el siguiente.
En noviembre de 1999, a la renuncia de Francisco Barnés de Castro, en medio de la huelga que había iniciado en abril anterior –a raíz de su decisión de modificar el reglamento general de pagos–, la Junta de Gobierno abrió un apresurado proceso de registro de aspirantes y de auscultación, para nombrar sucesor.
Desde un principio, José Narro Robles, actual director de la Facultad de Medicina, figuró como puntero y muchos lo consideraban ya el nuevo rector para el momento crítico que vivía la UNAM. Amplios sectores de la comunidad y buen número de directores de facultad lo apoyaban.
Narro Robles era, a la sazón, subsecretario de Salud.
El 17 de noviembre –la víspera de que la Junta de Gobierno recibiera a los aspirantes y anunciara su decisión– se difundió un documento que prácticamente vetaba a Narro Robles.
Se sabía que desde el grupo universitario que tenía al ex rector José Sarukhán como líder visible se había expresado una posición inamovible: “cualquiera, menos Narro”.
Así, en el documento de marras se exigía que el nuevo rector “no pertenezca a ningún proceso de gobierno ni se le relacione con partido político” alguno; y también que el designado “provenga de las filas de la UNAM”.
El veto era claro. El texto se difundió mediante una agencia de publicidad y casi al mismo tiempo, desde el anonimato, se filtraron los nombres de quienes sí “merecían”, según sus autores, ocupar el cargo: Salvador Malo, Francisco Bolívar Zapata, Humberto Muñoz, Leopoldo Paasch, Rafael Pérez Pascual, Juan Ramón de la Fuente y Fernando Cravioto.
Para el día siguiente, 18 de noviembre, crecía la versión de que la Junta de Gobierno se inclinaría por De la Fuente.
El entonces secretario de Salud fue citado a comparecer ante ese órgano, lo mismo que Francisco Bolívar Zapata, entonces coordinador de la Investigación Científica; Salvador Malo, secretario de Planeación; Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; el investigador Manuel Peimbert y el propio Narro Robles.
Éste, quien hasta ese día era considerado el seguro sucesor de Barnés de Castro, denunció el golpe político. Y ya no fue a la cita con la Junta de Gobierno.
Al día siguiente se divulgaría que quienes filtraron el documento para boicotear a quien, se asegura, aspirará de nuevo a la rectoría, fueron dos funcionarios cuya trayectoria administrativa siempre estuvo ligada a José Sarukhán: Salvador Malo y Leopoldo Paasch.
Más tarde, tibiamente, se deslindaron como firmantes del documento José Antonio de la Peña –quien ahora y por segunda vez busca el cargo–, Luis Alberto Zarco, de la facultad de Veterinaria, y José Luis Palacio, del Instituto de Geografía.
Así pueden ser los golpes políticos en la UNAM.