Experto: la guerra antinarco también daña a la sociedad
Los abusos cometidos por el Ejército, acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demuestran que la actual administración federal aplica una “dictadura policiaco-cívico-militar”, en la que su guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra contra toda la sociedad, pues con los operativos “creen que todos somos traficantes”, señaló Augusto Sánchez Sandoval, especialista en seguridad nacional y política criminal de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM.
“Lo que estamos viendo con estos abusos es una represión grande; una especie de guerra civil en la que se usa al Ejército contra los mismos ciudadanos”, señaló el académico al referirse a los hechos de Coahuila, Michoacán y Sinaloa, donde el organismo encabezado por José Luis Soberanes acreditó graves violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos, abuso sexual y tratos inhumanos.
Para el universitario, las acciones que Felipe Calderón aplica contra la delincuencia organizada son un símbolo “no de gobierno, sino de ejercicio de poder, pues quiere demostrar que él lo ostenta”.
Sánchez Sandoval subrayó que Calderón está otorgando todo tipo de libertades a los militares, lo cual rebasa el estado de derecho. “El mismo Estado vulnera el estado de derecho, con lo que se concluye que estamos en una guerra en regiones específicas, en la cual los soldados hacen lo que se les da la gana: destruyen casas, incendian lo que está a su paso, asesinan, violan, eso es parte de una guerra”.
Señaló que pese a las recomendaciones emitidas ayer por la CNDH no solucionan la problemática, debido a que estos exhortos se quedan sólo en eso sin que se les pueda dar seguimiento. “El discurso respecto a los derechos humanos oculta en realidad la violencia que se ejerce detrás de ese mismo discurso; (en este caso) las garantías fundamentales sirven como parapeto para ocultar la represión”.
En ese sentido, adujo el especialista universitario, actualmente y con la política federal contra la delincuencia organizada “vivimos en una sociedad en la que el ciudadano está desnudo de derechos, pues no hay posibilidad de que el derecho pueda parar al poder pues está al servicio de éste”; y agregó que las comisiones de derechos humanos (estatales y nacional) deben asumir un papel más activo, de denuncia y seguimiento porque de lo contrario los abusos de poder “no los va a parar nadie”.
Por separado, David Mendoza, especialista en asuntos de seguridad, guerra y terrorismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que tras las revelaciones de la CNDH, el Ejército no puede exculpar a sus elementos y debe dar seguimiento y sanción a los responsables y no sólo darlos de baja.
Asimismo, propuso que para evitar que los militares continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía, las autoridades federales deben plantear la posibilidad que a los responsables de estos delitos, también se les juzgue en tribunales civiles para crear antecedentes y evitar la impunidad.
El investigador universitario aseveró que tras las conclusiones de la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que atender las recomendaciones, además de dar seguimiento, en estos y otros casos, a los juicios en contra de sus soldados y no sólo darlos de baja de la institución.