“Muy pertinentes”, porque recogen una preocupación social: Amerigo Incalcaterra
Apoya la ONU recomendaciones del ombudsman contra abusos militares
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, consideró que las recomendaciones emitidas la semana pasada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos cometidos por integrantes del Ejército son señalamientos “muy pertinentes”, porque recogen la preocupación social debida a la violación de las garantías de la población por fuerzas militares desplegadas en tareas de seguridad pública.
Luego de participar en el Encuentro iberoamericano desarrollo social, democracia y no discriminación, el funcionario del organismo internacional puntualizó que “es evidente que no es la fuerza militar la que debe intervenir en materia de seguridad interna”.
Expuso que cualquier acción que despliegue el gobierno federal para salvaguardar la seguridad pública de la población debe tener lugar en un marco de respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, la jerarquía católica consideró preciso que el gobierno federal atienda las recomendaciones de la CNDH y ordene el repliegue de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que luego de conocerse la semana pasada los señalamientos del organismo, el gobierno de Felipe Calderón está obligado a revisar los procedimientos en los que se ven involucrados efectivos de las fuerzas armadas, evitar que cometan atropellos y revisar la permanencias de los mismos en la calle.
La jerarquía católico destacó que “desde siempre” se han condenado los abusos cometidos por las fuerzas militares en contra de la población civil, como ocurrió, entre otros casos, en el poblado de Castaños, Coahuila, donde una veintena de uniformados agredió sexualmente a un grupo de mujeres y golpeó a habitantes de la comunidad.
En tanto, Maureen Meyer, funcionaria de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, planteó que “cualquier programa de colaboración entre México y Estados Unidos para combatir al narcotráfico “debe incluir mecanismos de supervisión para asegurar el respeto a las garantías, al debido proceso y a los derechos humanos”.
Al participar en el seminario internacional México: la seguridad nacional en la encrucijada, que se desarrolla en El Colegio de México, la especialista sostuvo que la historia de violaciones a los derechos humanos por policías y militares, y el clima de impunidad que los rodea, “subraya la necesidad de asegurar que cualquier asistencia proporcionada a las fuerzas de seguridad en México no sea a costa del respeto y la promoción de las garantías individuales”.
Como muestra de esta impunidad Meyer señaló las recomendaciones que emitió la CNDH en contra del Ejército por violaciones a los derechos de la población civil.
Amerigo Incalcaterra destacó que la CNDH ha dado un seguimiento exhaustivo a las tareas de seguridad del Ejército y expuso que las tareas de los militares deben tener lugar “dentro de ciertos márgenes que permitan que su actuación sea más efectiva y eficaz”.
En entrevista, expuso que México enfrenta “un problema serio y grave” en su lucha contra la delincuencia organizada, por lo que la solución no es retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
“Lo que sí es importante –añadió el titular del ACNUDH– es que en la medida en que el Estado mexicano ha tomado la decisión de utilizar ciertas fuerzas militares en tareas de seguridad interna, esto se haga dentro de un marco de respeto y garantía a los derechos humanos.”
Confió en que antes de que el gobierno federal siga corriendo los riesgos de mantener a las fuerzas militares en la calle, “debe tomar en cuenta que el tema de la seguridad pública es sumamente delicado y grave”, por lo que “la obligación de Naciones Unidas, y lo que recomienda y exige a sus estados asociados, es combatir toda clase de violencia y al crimen organizado.
“En el tema de la utilización de los mecanismos de fuerza hay que ser cautelosos. No hay una receta. Cada estado tiene que reaccionar y dar una respuesta adecuada, según sus propios ordenamientos jurídicos”, puntualizó.