El IFAI le instruye además que realice una búsqueda exhaustiva de todas las pesquisas
Ordenan a la PGR desclasificar las averiguaciones contra Rosario Robles
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificar las averiguaciones que se practicaron a la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal Rosario Robles Berlanga, y difundirlas cuando hayan causado estado, ya sea porque se dictó el no ejercicio de la acción penal o se turnaron al Poder Judicial.
También instruyó a la PGR que se aboque a realizar una búsqueda exhaustiva en todas y cada una de sus unidades administrativas que pudieran tener injerencia en esos asuntos, ya que la dependencia reportó, por medio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que únicamente existía la averiguación 22/UEIDAPLE/LE”B”/4/2003, en donde se le exonera conforme al artículo 206 de la Ley de Amparo.
Sin embargo, en una búsqueda que realizó el ponente en las páginas electrónicas del Instituto Federal Electoral (IFE), encontró que en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se había presentado otra denuncia en 2001 contra Robles Berlanga, sobre la cual se determinó también el no ejercicio de la acción penal.
El comisionado no especificó si esa denuncia tenía que ver con la que presentó en contra de la ex funcionaria capitalina el entonces diputado panista Federico Döring, por presuntos delitos electorales, luego de que se transmitieran los videos en los cuales René Bejarano recibía dinero del empresario Carlos Ahumada.
Sin embargo, en la ponencia se determinó clasificar los datos personales confidenciales de Robles, “lo que no implica que la información contenida en la averiguación pueda considerarse datos personales”.
Sobre las averiguaciones previas que se solicitaron de los familiares de la ex dirigente perredista y quienes estuvieran asociados en ellas, Gómez Robledo planteó la entrega de versiones públicas de dichas averiguaciones, a fin de omitir datos personales, entre ellos los “nombres, alias o apellidos de los familiares”.
Este asunto generó un debate entre los comisionados Alonso Lujambio y Juan Pablo Guerrero Amparán, pues mientras el primero se manifestó por mantener bajo reserva todos los nombres de los involucrados en las investigaciones, con el argumento de que es necesario evitar que “el buen nombre de las personas pueda ser afectado con la publicidad del hecho de que están siendo denunciadas”, el segundo dijo que el buen nombre no se protege con el anonimato, además de que se corre el riesgo de que “se deje en manos de la PGR o del Ministerio Público la reputación de una persona”.
Guerrero alegó que “el buen nombre se protege por la Constitución, por la presunción de la inocencia, las audiencias públicas y la carga de la prueba de quien acusa, además que es un derecho saber de qué se acusa a una persona”. Por ello emitió un voto particular, aunque estuvo de acuerdo con la resolución, lo mismo que Lujambio.
En cuanto a los documentos que evalúan el impacto de los mensajes promocionales que se difundieron en radio y medios impresos durante el último año de la administración de Vicente Fox, el IFAI ordenó a la Presidencia que declare la inexistencia de los mismos, pues supuestamente no se hicieron tales análisis.
Sin embargo, se revocó la clasificación de las evaluaciones de los mensajes difundidos durante diciembre de 2006, correspondientes al gobierno de Felipe Calderón. Además, se estableció el criterio de desclasificar ese tipo de análisis que efectúa la Presidencia, a partir de que los promocionales dejen de transmitirse en los medios electrónicos.