“¿Qué va a pedir a cambio Estados Unidos?”, pregunta
El gobierno debe informar sobre las condiciones, señala Piñeyro
Una vez que se ha confirmado la firma de un acuerdo con Estados Unidos en materia de cooperación contra el narcotráfico, el gobierno mexicano debe explicar cuáles son las condiciones que impuso el vecino país para aprobar la ayuda económica, señaló ayer José Luis Piñeyro, especialista en temas de seguridad nacional.
En tanto, fuentes oficiales comentaron que 60 por ciento de la ayuda estadunidense (aviones y helicópteros) se destinará a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública federal, mientras el resto se lo dividirán el Ejército y la Armada.
Tampoco se descarta que, además de la capacitación y entrenamiento para policías y militares, la cooperación incluya radares para detectar e interceptar barcos y aviones sospechosos, así como equipo electrónico para labores de inteligencia.
Piñeyro, por su lado, comentó que es conocida la añeja intención estadunidense de que se le permita realizar persecuciones “en caliente”, tanto por vía aérea como marítima, de aviones o barcos que ingresen a territorio mexicano; la presencia de asesores militares en aeronaves encargadas de la intercepción y erradicación de drogas, y en los operativos contra el narcotráfico.
Además de la recurrente solicitud para que se permita la presencia de más elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio mexicano, y que se les permita portar armas.
El gobierno mexicano también deberá fijar su postura respecto de la forma como Estados Unidos pretenderá “evaluar” el uso de la ayuda y el éxito de las tareas de combate al narcotráfico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha insistido en que no se va a ceder soberanía, que no habrá agentes estadunidenses en México, que sus militares no verificarán el uso de aviones y helicópteros y otro tipo de ayuda, pero –cuestionó el especialista–, “Estados Unidos ¿qué va a pedir a cambio?”
Recordó, por otra parte, que la aprobación de la ayuda por parte del Congreso estadunidense no sólo depende de que los legisladores estén conformes con el monto –que se calcula que puede llegar hasta mil 300 millones de dólares en dos años–, el tipo de aviones y helicópteros que se entregarán y el uso que se les dé, sino también a factores que tienen que ver con la transparencia en el uso de los recursos y el tema de los derechos humanos.
Dijo que a partir de la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército Mexicano por la violación de mujeres en Coahuila y otros casos que involucran a soldados en actos que vulneran las garantías fundamentales, en Estados Unidos hubo organizaciones no gubernamentales que demandaron que la ayuda contra el narcotráfico se condicione al compromiso del gobierno de México de no permitir más abusos.
Este tema, comentó el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, será uno de los que seguramente discutirán los legisladores estadunidenses al momento de aprobar la ayuda referida.