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Calderón intenta evitar costos políticos al ordenar búsqueda de eperristas, afirma

Tortura y desaparición persisten como método represivo, señala Rosario Ibarra

Ernesto Martínez Elorriaga (Corresponsal)

Morelia, Mich., 4 de octubre. La tortura y la desaparición aún son maniobras del poder en México, que si bien han disminuido, aún persisten como método represivo para acallar a las voces diferentes, aseguró la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, senadora y dirigente del Frente Nacional contra la Represión.

Subrayó que el presidente Felipe Calderón pretende evitar costos políticos al solicitar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que dé con el paradero de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) reportados como desaparecidos, y sugirió al órgano de inteligencia de la Federación que busque a los eperristas “en el Campo Militar Número Uno”.

Al ofrecer una ponencia en la sede del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, en el contexto del aniversario de la organización no gubernamental Educación y Servicios Comunitarios, la también titular del Comité Eureka sostuvo que sólo en Oaxaca se han documentado 35 desaparecidos y 20 muertos durante la administración federal que encabeza Felipe Calderón.

“Esta práctica no ha cesado nunca; ya no es en las cantidades terribles de la década de los 60, pero sigue habiendo desaparición y tortura”, añadió.

Agregó que México es uno de los países pioneros en desapariciones, a raíz de la guerra sucia. Indicó que en el sexenio de Carlos Salinas hubo 12 desaparecidos y 600 muertos, todos ellos perredistas, mientras la cifra de desaparecidos en América Latina suma 90 mil, de los cuales 30 mil ocurrieron bajo el régimen militar en Argentina, y 35 mil bajo el mando castrense en Guatemala.

Por su parte, Yanahuit y Cristina Paredes Lachino, hijas de Francisco Paredes Ruiz, ex miembro del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), acusaron al Ejército Mexicano de la desaparición de éste –también comunero de Zirahuén–, ocurrida el pasado 26 de septiembre, y señalaron que el gobierno federal trata de vincular a su padre con el EPR.

Cristina Paredes dijo sospechar que efectivos del Ejército capturaron a su padre, pues Paredes Ruiz “en un tiempo fue activista del MAR, y después se hizo activista de derechos humanos y pertenece a la Fundación Diego Lucero, y por esta relación que tenemos hace algunos años tenemos miedo de que lo vayan a vincular con el EPR”.

Con información de Antonio Aguilera /La Jornada Michoacán

 
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