Usted está aquí: viernes 5 de octubre de 2007 Sociedad y Justicia Comprueban diputados “omisión culposa” en Pasta de Conchos

Exigen cárcel contra implicados de Minera México y funcionarios, “desde Fox”

Comprueban diputados “omisión culposa” en Pasta de Conchos

Envían resultados de su investigación a Presidencia y Poder Judicial; piden rescate de cuerpos

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Ampliar la imagen Plantón de viudas de mineros caídos en Pasta de Conchos frente a San Lázaro. Por la tarde una comisión de diputados las acompañó a las oficinas de la Secretaría del Trabajo Plantón de viudas de mineros caídos en Pasta de Conchos frente a San Lázaro. Por la tarde una comisión de diputados las acompañó a las oficinas de la Secretaría del Trabajo Foto: José Antonio López

La comisión especial que investigó las causas y responsabilidades por la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, presentó ayer su informe ante el pleno de la Cámara de Diputados, en el cual ratificó que se comprobó la hipótesis de que Industrial Minera México (IMMSA) y funcionarios de la Secretaría del Trabajo, junto con el ex presidente Vicente Fox, “cometieron negligencia y omisión grave culposa”.

En nombre de la comisión que preside, el diputado priísta Yericó Abramo Masso informó que además de las pruebas documentales, se presentó un paquete de propuestas “encaminadas a exigir cárcel y castigo a los responsables, inhabilitación de los funcionarios públicos responsable y la indemnización correspondiente” a los deudos por el gobierno federal.

Asimismo, a propuesta del PRD, el pleno de la Cámara aprobó en la sesión ordinaria de ayer un punto de acuerdo para exigir el rescate de los trabajadores muertos en la mina, así como para que las comisiones del Trabajo, de Seguridad Social y de Derechos Humanos reciban a los familiares de las víctimas para que expliquen a los legisladores la viabilidad de la recuperación de los cuerpos. El punto de acuerdo también determinó que una comisión de tres diputados de PAN, PRD y PRI acompañaran a los deudos a la Secretaría del Trabajo para que fueran recibidos por su titular, Javier Lozano Alarcón.

Reclamo contra la impunidad

Desde la tribuna, Yericó Abramo refirió que la investigación se inició ante el reclamo de los familiares de que los culpables de la tragedia no quedaran impunes. “A esa tarea nos dimos por completo, sin más interés que conocer la verdad y cumplir con nuestra obligación. Esta tragedia enlutó no sólo al estado de Coahuila, de donde provengo, sino al país entero. Todos vimos las imágenes de quienes, con el rostro ennegrecido por el polvo del carbón, buscaban afanosamente salvar a sus compañeros, y el grito inocente de una niña que esperaba a su papá, aferrada a los barrotes de la reja que rodea la mina”, expuso.

El informe de resultados, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria y fue enviado a la Presidencia de la República y al Poder Judicial, determinó que IMSSA nunca cumplió con las medidas de seguridad exigidas en tiempo y forma por la delegación de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, como consta en las actas ordinarias de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad.

Esto, dijo Abramo Masso, “generó las condiciones de explosividad de la mina. El descuido en el correcto sellamiento de las áreas explotadas, el incorrecto aislamiento de los controles eléctricos, la falta de aplicación de material inerte, la acumulación de polvo de carbón, la carencia de irrigación adecuada en el frente de trabajo y la inexistencia de metanómetros fueron elementos que provocaron una gran explosión”.

Informó que la comisión también confirmó la negligencia y omisión culposa de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, quienes no verificaron correctamente la aplicación de las medidas correctivas urgentes que ellos mismos exigieron a la minera 17 días antes del accidente.

También –agregó– existe culpa penal del personal de la delegación del Trabajo en Coahuila, y se estableció la responsabilidad de la Secretaría de Economía, al no cumplir con la verificación a que está obligada por la Ley Minera, para confirmar que IMMSA había corregido sus fallas de seguridad.

Abundó que existió responsabilidad de los integrantes de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, al no demandar el cierre o suspensión de las labores ante un riesgo inminente. Esa responsabilidad, explicó el legislador coahuilense, también incluye “al entonces Ejecutivo federal, como titular de la administración pública, donde se encontraban bajo su mando las secretarías señaladas en esta conclusión”.

Yericó Abramo afirmó que por primera vez la Cámara de Diputados se dedicó a investigar un hecho que, en otra circunstancia, habría quedado impune e ignorado.

Refirió que además de la solicitud para que se demande el encarcelamiento de los responsables, la comisión especial presentará iniciativas de reformas a la Ley Minera, al Código Penal Federal y a otras legislaciones para que nunca quede impune quien, por negligencia, provoca la muerte y lesiones de los mineros, así como para quienes no cumplan con su obligación de resguardar a los trabajadores y que, por omisión culposa y grave, permiten que laboren en los yacimientos en situación de inminente riesgo.

“No tenemos facultad para juzgar y castigar, pero sí para exigirla”, resaltó. Inclusive, exigió a Lozano Alarcón atender a los familiares de los mineros fallecidos y que haga todo por recuperar los cuerpos.

 
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