Revisará la respuesta de Los Pinos de que no existen pruebas de ello
Examinará el IFAI sustracción de documentos oficiales en el foxismo
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) someterá hoy a debate la declaratoria de la Presidencia de la República de que carece de registros que consignen la sustracción de documentos oficiales por el ex presidente Vicente Fox, quien los llevó a su centro de estudios, biblioteca y museo.
Según respuesta de Los Pinos a una solicitud de información, no existe bitácora, listado, inventario o cualquier otro tipo de inscripción que dé testimonio de la sustracción de archivos de la gestión foxista.
Esto pese a que en la página electrónica del propio Centro Fox se indica que “estará constituido por un acervo documental de más de 4 millones de documentos digitalizados, imágenes, fotografías, audio y video, puestos a disposición a través de alta tecnología, sobre la gestión gubernamental 2000-2006.”
Incluso se hace alarde de que “por primera vez en nuestro país se pone a disposición de investigadores, académicos, líderes de todos los sectores, niños, jóvenes, hombres y mujeres, en suma, de la comunidad entera, el quehacer y las decisiones que se llevaron a cabo durante este periodo de la historia de México.”
Cabe recordar que desde abril pasado Fox anunció ante la prensa internacional que en dicho centro se presentaría “lo bueno, lo exitoso y todo lo que sucedió” en su gestión, incluyendo el conocido proceso de desafuero que promovió desde Los Pinos en contra de Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de que la Ley Federal de Transparencia no incluye sanciones por la “inexistencia” de documentos en los archivos oficiales (lo único que procede es que las dependencias federales presenten la declaratoria correspondiente en los términos del artículo 46 de esa ley), en el artículo 214 del Código Penal Federal sí se considera delito la sustracción de documentos.
En la fracción IV de dicho artículo se indica que es delito el que “por sí o por interpósita persona (el funcionario público) sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”. Y en la fracción VI se destaca que se incurre en delito cuando el funcionario, “teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objeto, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
Al infractor, precisa el código, se le impondrán de “dos a siete años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
La ponencia de ese recurso, registrado con el número 3104/07, correrá a cargo del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien hace unas semanas en la Universidad Nacional Autónoma de México se pronunció por reglamentar ese tema en la Ley Federal de Transparencia y exigir una explicación a las autoridades federales sobre la supuesta “inexistencia” de los archivos de la gestión de Fox.
Además, el IFAI debatirá la reserva que por tiempo indefinido fijó la Procuraduría General de la República en torno a los nombres de los 32 jefes regionales de la Agencia Federal de Investigación y de sus antecesores inmediatos y su actual adscripción.