Estudia Gobernación cómo proteger al prelado, señala Ramírez Acuña
Se coordinan Rivera Carrera y el GDF para dar seguridad adicional al cardenal
El purpurado ratificó denuncia ante el Ministerio Público
El vocero de la arquidiócesis insiste en que los agresores fueron perredistas, pero no aporta pruebas
El vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, informó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, Joel Ortega, contactó por teléfono este lunes al cardenal Norberto Rivera para expresarle la preocupación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por las manifestaciones que se realizan en su contra –algunos domingos cuando oficia misa– en la Catedral Metropolitana.
En tanto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, señaló que el gobierno federal analiza la forma en que brindará protección al cardenal Norberto Rivera, aunque mientras ello ocurre, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) tiene que dar “garantía primaria” al arzobispo.
Dijo que es necesario generar condiciones de seguridad a todos los mexicanos y, en este caso, será necesario establecer una coordinación con el GDF para “poder garantizar al señor cardenal y a todos los asistentes que van a misa los domingos plena seguridad”.
A petición de Rivera, la SSP capitalina anunció que se hace cargo de la seguridad personal del prelado, e incluso, si lo requiere el arzobispo, podrían ser retirados de la Catedral quienes considere causan algún disturbio.
Marcelo Ebrard, jefe del GDF, consideró “lamentable” la agresión que sufrió el religioso este fin de semana y se negó a opinar sobre los señalamientos de la arquidiócesis, que comparó dicha acción con el atentado contra el cardenal Juan Jesús Posadas. Informó que dio instrucciones a Joel Ortega y al secretario de Gobierno, José Angel Ávila, para comunicarse con el personal del Rivera Carrera, con el fin de adoptar las medidas de seguridad adicionales que requiera.
Durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ortega consideró que la seguridad de Rivera debe preocupar a todos, pero acotó que el problema obedece a una serie de fricciones que requieren oficio político para resolverlas.
Agregó que el cardenal puede recurrir también a la protección federal, no sólo para él, sino también para los recintos religiosos, que son propiedad del gobierno federal, como ya ocurre, agregó, con la vigilancia de la Policía Federal Preventiva en la Basílica de Guadalupe.
Más tarde, en entrevista, Ortega hizo un llamado a las personas que van a manifestarse dentro de los recintos religiosos a que mantengan “respeto y cordura”. De lo contrario, agregó, “nosotros estaremos en capacidad, por solicitud del arzobispado, de hacer el retiro de estas personas, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, pues “estarían trasgrediendo el orden”.
El vocero arquidiocesano afirmó que Rivera y Ortega acordaron vía telefónica sostener encuentros directos para alcanzar acuerdos y compromisos que garanticen la seguridad de la feligresía y turistas que acuden los domingos al recinto. El religioso reiteró que si el gobierno local es incapaz de garantizar la seguridad de la Catedral, entonces el federal debe intervenir.
Aclaró que las amenazas de muerte que ha recibido el prelado “después de las elecciones del 2 de julio” y “cuando fue la discusión del aborto” han sido vía telefónica y por Internet, y que en su momento éste se negó a hacerlas públicas porque las consideró “bromas de mal gusto”, pero “hasta el lunes, ante la agresión física que sufrió, sí decidió comentar esto”, aunque no pudo asegurar que las intimidaciones estén vinculadas con los manifestantes del domingo.
Sobre el pronunciamiento del Partido de la Revolución Democrática de que pruebe sus acusaciones o que se retracte, Valdemar Romero ratificó que los inconformes son gente de ese instituto político: “no me retractaré”.
El cardenal Rivera, quien la noche del lunes presentó ante la agencia del Ministerio Público una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por los incidentes de este domingo, ratificó este martes su denuncia y la presentó por escrito ante la Fiscalía Desconcentrada de la Delegación Cuauhtémoc, donde le atendió personalmente el fiscal responsable de la agencia, Reynaldo Sandoval Sánchez.
En la denuncia FCH/CUH-2/T3/03407/07-10, Rivera Carrera refiere que el pasado domingo a las 13:30 horas, al momento en que salía de la catedral metropolitana a bordo de su camioneta –en compañía de su chofer, su madre y dos religiosas– fue agredido verbalmente por un grupo de personas.
Agrega que su vehículo también fue agredido a golpes, “causándole algunos daños leves”.
En su denuncia consignó que sus agresores “indicaban pertenecer al grupo de Resistencia Cívica y Pacífica del PRD, pero no le consta”.
Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Civiles, afirmó que aunque no acompañó al prelado a presentar la denuncia, sólo a ratificarla, asumió la defensa del cardenal. Agregó que en breve aportarán las pruebas y todos los elementos que requiera la investigación para acreditar la probable responsabilidad de quien resulte responsable.
Informó que entregarán una carta de reclamo a Marcelo Ebrard porque “permitió” y mostró “complacencia” en la “actuación en flagrancia” de los manifestantes.
Presentará además, dijo, un escrito a la Secretaría de Gobernación para exponerle “nuestro temor fundado por la vida del cardenal”, debido a que “no sabemos si esta gente es fanática” y tenga la pretensión de modificar su actuación en las misas dominicales.
El secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, deslindó “de manera tajante” a su partido de cualquier acto que obstaculice o lastime el libre derecho de los mexicanos a profesar el culto religioso de su preferencia.
“El PRD bajo ninguna circunstancia está participando en actos de resistencia civil en Catedral ni en ningún lugar donde se practique un culto religioso”, señaló.
Dijo que en el país existen 6 millones de militantes del PRD y, de acuerdo con las fotografías difundidas, “no he identificado a ningún dirigente del partido o a algún militante nuestro”, por ello se manifestó en favor de que el cardenal Rivera presente la denuncia correspondiente para que se castigue a los responsables de actos que infringen la ley.
Aclaró que aunque los promotores de tales manifestaciones son presuntamente grupos de resistencia civil, no por ello son perredistas. “El aval del partido no lo tienen, esperaríamos pruebas para que se investigue y se castigue a los responsables”, dijo. No descartó buscar una reunión con el cardenal para aclarar “estos malos entendidos y la información que no se apega a la realidad, especialmente al tratar de ligar la religión y la política”.