Usted está aquí: viernes 12 de octubre de 2007 Política Divide a la gente rica de Oaxaca la supuesta violación de un niño de 4 años

El caso podría poner al descubierto el funcionamiento de una red de pederastia

Divide a la gente rica de Oaxaca la supuesta violación de un niño de 4 años

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 11 de octubre. La presunta violación sexual de un niño de 4 años en el Instituto San Felipe, uno de los colegios privados de mayor renombre en la ciudad, que podría poner al descubierto una red de pederastia en la entidad, ha dividido a la gente adinerada, al menos en la capital del estado.

Parte de esa clase ha salido a las calles para respaldar a la madre del menor, Leticia Valdés Martell, hija de un reconocido urólogo, en su exigencia de que sean detenidos y castigados los responsables de la agresión del pequeño. Son apoyados por organismos no gubernamentales y grupos vinculados con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Otra parte ha ofrecido su apoyo a la directora del plantel, Yolanda León Ramírez, y a su esposo, Hugo Gabriel Constantino García, así como a los demás implicados, por medio de desplegados en la prensa, pero también en protestas callejeras en las cuales gritan consignas contra la madre afectada. En vez del “¡ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!”, utilizado por el movimiento popular que reclama la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, los manifestantes corean: “¡Ya cayó, ya cayó, la Lety ya cayó!”

El mismo bufete jurídico que defiende a la directora del plantel y a su esposo está encabezado por Jorge Franco Jiménez, ex procurador general de Justicia en el estado, quien ocupa la curul senatorial que dejó Ulises Ruiz Ortiz cuando asumió la gubernatura.

De acuerdo con la averiguación previa 191/DS/ 2007, iniciada por la denuncia presentada el 20 de mayo pasado por la madre del menor en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre septiembre y noviembre de 2006 el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez se confabuló con la maestra Magdalena García Soto y con el esposo de la directora para abusar sexualmente del hijo de Leticia Valdés en uno de los salones de la institución, que contaba con cámaras de video.

Hasta ahora la única detenida y sometido a proceso penal es la maestra García Soto. La presunta violación fue certificada en una valoración proctológica por el médico Carlos Mario Aragón Ziga, especialista en cirugía gastrointestinal, así como por un examen de laboratorio realizado por el patólogo clínico Miguel Ángel Reyes Núñez.

La mujer sostuvo que la directora del plantel y su esposo no han sido detenidos “por su cercanía con el poder” y dijo que cuando agentes de la policía ministerial del estado arribaron a su domicilio, el 30 de septiembre pasado, para su aprehensión, “el abogado Franco Jiménez y visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que preside su primo, Jaime Mario Pérez Jiménez, se encontraron con antelación para impedir su arresto”.

Valdés Martell también denunció que la fiscal especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, Aída Gómez Piñón, le solicitó “llegar a una acuerdo conciliatorio y de carácter económico” con la directora de esa escuela privada.

El abogado Juan José Meixuiro Orozco, integrante de la Barra Nacional de Abogados, asesor jurídico de las víctimas, afirmó que la funcionaria, en vez de investigar los hechos, “invitó a la madre del menor a cometer el delito de cohecho” y recibir dinero de los violadores de su hijo.

La directora del Instituto San Felipe rechazó las acusaciones, porque en su escuela “no ha sucedido nada de eso” y se inconformó con la actuación de la PGJE porque “actuó de manera parcial.

“Cuando se comete un delito tenemos que sabernos defender, y si no podemos, tenemos que pagar, pero cuando es una injusticia no se vale seguir aceptando”, asentó.

Cuestionó el proceder de la afectada, porque si bien “la obligación de toda madre es proteger al máximo a su hijo, en este caso esa señora está rompiendo todo lo que serían los derechos humanos de un niño, porque lo está exhibiendo”. Incluso ha puesto en duda la conducta moral y el comportamiento sicológico de Valdés Martell por “la infamia tan grande que está cometiendo.

“¿Por qué no denunció (el caso) desde que, según ella, se dio cuenta de que su hijo fue violado? A lo mejor fue el chofer de su familia (el responsable)”, planteó.

Padres de familia del Instituto San Felipe respaldan esta versión. En una carta enviada al gobernador, argumentan que Valdés Martell “sufre trastornos de conducta”. Además, la directora denunció que la mujer ha solicitado 2 millones de pesos para retractarse de la acusación penal.

En respuesta, la madre del menor ha emplazado a la directora a someterse, junto con su esposo, a un examen toxicológico y sicológico para determinar quién sufre un trastorno emocional.

Aclaró que si no presentó la denuncia penal hasta mayo pasado fue porque antes sometió a su hijo a un tratamiento y valoración sicológica con especialistas, por sufrir una severa afectación emocional.

“(La directora) me sigue difamando diciendo que yo le pedí 2 millones de pesos a cambio de retractarme, como si la agresión a mi hijo fuera cualquier cosa. El problema no es económico, es de justicia. No tengo mucho dinero, pero si ella lo acepta, le puedo dar no 2, sino 4 millones de pesos a cambio de que los pederastas acaben en la cárcel”, apuntó.

El procurador de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ex presidente de la CEDH, rechazó que el gobierno del estado brinde protección a los acusados, porque “hay una maestra de esa escuela que ha sido detenida. Estamos en busca de Salvador Pérez Ramírez (el profesor de computación) y de Hugo Gabriel Constantino García (esposo de la directora). En eso la Interpol ya nos está ayudando”.

La procuraduría, aseguró, “no se obedece a intereses políticos, sea quien sea el abogado” del Instituto San Felipe, “y así ha quedado demostrado”.

Jorge Franco Jiménez, abogado defensor de la directora, cuestionó la detención de la maestra García Soto porque, “por un lado, en el examen proctológico practicado por la procuraduría dice que el niño está bien y, por otro, ya hay una persona en la cárcel.

“No hay evidencias de violación al menor. ¡Qué bueno! Eso demuestra que el niño está totalmente bien”, manifestó.

En ese análisis, fechado el 23 de mayo pasado, el cual ha sido enviado a varios usuarios de correo electrónico, la perita médica de la PGJE María Guadalupe Teresita Madrid Ruiz determina que el menor no presenta lesiones internas características de una violación.

Así, el abogado consideró que el proceso penal contra los presuntos responsables obedece a un “sistema de justicia deficiente” en el estado y a lo que denominó “demanda mediática”.

“No les dieron las garantías (a los acusados), pues cuando se quiere investigar un hecho de esa naturaleza debe investigarse bien. La presunción de inocencia es para todos, y aquí, de entrada, ya todos son culpables. Es una justicia temerosa, que ante las insuficiencias pretende satisfacer la demanda mediática. A toda autoridad le asusta la demanda mediática”, agregó.

Dijo que si la detenida fuera miembro de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación “ya le hubieran pedido perdón y hasta desvanecido los datos para que saliera libre”.

 
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