Advierte que será muy difícil monitorear la propaganda difundida en tiempos oficiales
Ugalde descalifica ante legisladores los cambios en materia electoral
Fue su primer encuentro con los legisladores que pactaron deponerlo de su cargo, quizá por eso Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) los hizo esperar cerca de una hora. A su llegada, ofreció una larga “opinión técnica” de la reforma constitucional en la materia, al punto de describir, en algunos temas, las enormes complejidades prácticas tanto para el monitoreo de los promocionales difundidos en tiempos oficiales como para sancionar la calumnia y la denigración en campañas.
Casi sin tregua, Ugalde, al reunirse con las comisiones unidas de diputados y senadores que revisan la reforma electoral, hizo una larga exposición que dejó ver una descalificación implícita en prácticamente todos los aspectos reformados, de cara a su concreción en la legislación secundaria.
El consejero presidente criticó la complejidad de monitorear mil 775 emisoras de radio y televisión, así como el incremento de 174 por ciento que habrá en la difusión de promocionales con las nuevas reglas fijadas por sus interlocutores.
Cuestionó el incremento de 30 por ciento en los recursos ordinarios que tendrán los partidos en los próximos años; puntualizó las complicaciones que tendrán ahora para fiscalizar los gastos de campaña, una vez que se eliminó el gasto en medios, donde se ejercía el grueso de los recursos; destacó la imposibilidad de sancionar a partidos o controlar la difusión de mensajes calumniosos, y descalificó el esquema de financiamiento fijado que, según él, adolece de alguna base vinculada al costo real en el mercado de los insumos para las campañas.
Sólo concedió un elogio relacionado con las posibilidades del recuento de votos en determinadas circunstancias, aludiendo a las complicaciones que el IFE tuvo en 2006 y que generó gran parte de la polémica sobre la credibilidad de los resultados.
Partió, eso sí, de definir los cambios constitucionales como hechos consumados, para alertar luego sobre la reforma a 19 leyes que traerán consigo. Quizá el tema que más abordó fue el impacto que tendrá la concentración de la publicidad en tiempos oficiales, destacando el riesgo que podría implicar, de no establecer regulaciones precisas, la espotización y trivialización de la política.
Según sus cifras, la publicidad en radio y televisión tendrá un incremento de 174 por ciento para 2012 con el nuevo esquema. Algunos partidos, como Nueva Alianza, registrarán un incremento de 851 por ciento en los promocionales que tendrán al aire; Alternativa, 485 por ciento, y Convergencia, 255 por ciento.
Por ello, Ugalde destacó las complicaciones de un monitoreo de todas las estaciones concesionadas y permisionadas del país, subrayando que el mayor esfuerzo realizado por cualquier autoridad “en el mundo” para monitorear, realizado en 2006, apenas representaría 21 por ciento de lo que ahora estará obligado a hacer el IFE.
Ugalde indicó que el legislador debe prever si va a dotar de mayores recursos al IFE o si optará porque esta tarea pueda ser subrogada, aunque aclaró que no hay empresa que pueda realizar un monitoreo de estas dimensiones. Señaló la complicación que tendrá el instituto para hacer cumplir los tiempos y los turnos que corresponderán a los partidos; las dificultades para hacer llegar el material a las empresas y para controlar los efectos de esta publicidad.
Manifestó que la concentración del gasto de campaña en medios electrónicos favorecía la fiscalización de los recursos, los cuales ahora se desplazarán hacia otros ámbitos de más difícil supervisión: gasto operativo, propaganda utilitaria y organización de actos.
El consejero también habló de la falta de sustento para fijar los costos de campaña y los topes que deberán fijarse, pues en una aplicación lógica, de los cambios en el financiamiento, los topes deberían modificarse en 50 por ciento para las campañas presidenciales y 70 por ciento en las intermedias.
Al término de la reunión, Ugalde señaló que lo deseable era que el IFE hubiera participado durante la discusión de la reforma constitucional, pero ante los hechos consumados, la propuesta del instituto se limitó a explicar los problemas que puede enfrentar operativamente y que deben ser considerados en la legislación secundaria.