Escena palestina en suburbios madrileños
La destrucción policial de una vivienda de marroquíes desata batalla campal; 27 heridos
Madrid, 18 de octubre. Al menos 27 personas, de ellas 23 agentes, resultaron heridas durante un operativo ordenado por el ayuntamiento de Madrid para desalojar a una familia de marroquíes establecida en una villa marginal madrileña conocida como la Cañada Real Galiana, el cual se convirtió en una batalla campal, con escenas similares a las que se ven en la franja de Gaza y Cisjordania.
No era Palestina, pero la Cañada Real Galiana se asemejó durante dos horas a esa región inhóspita y convulsa: por un lado, policías municipales y nacionales custodiaban unas máquinas excavadoras para cumplir con la orden de destrucción de una vivienda “ilegal”.
Por el otro, centenares de migrantes marroquíes indignados, desesperados, que para defender su techo y sus escasos enseres decidieron arremeter con palos, piedras y hasta bombas de gas butano contra los agentes españoles, sin poder evitar que la vivienda fuera reducida a escombros.
El alcalde de Madrid, el derechista Alberto Ruiz Gallardón, tiene una obsesión desde que fue relegido con mayoría absoluta en los comicios del pasado 27 de mayo: desaparecer hasta el mínimo atisbo de chabolismo (asentamientos “ilegales”) de la ciudad. Es decir, destruir las decenas de colonias marginales, sin luz, agua potable y gas, que se han diseminado en las afueras de la capital en las últimas dos décadas, y donde más de 70 mil personas han construido sus hogares.
Abdel Gaylan, su esposa Fátima, embarazada, y sus dos hijos son una familia típica del poblado de Cañada Real Galiana, lugar situado a sólo 15 kilómetros del centro de Madrid, en el que viven más de 30 mil personas en dos mil edificaciones. La mayoría de los pobladores de este “centro chabolista” son migrantes marroquíes y rumanos que trabajan y tienen sus papeles en “regla”.
Abdel construyó una humilde casa de ladrillo en la zona norte de este lugar, considerada por las autoridades locales como una “vía pecuaria de uso y dominio público” y “la más conflictiva del poblado”.
Un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid dictó una sentencia contra la casa de esta familia de migrantes marroquíes, en la que se autorizó su “desahucio” y se ordenó a la policía municipal garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
Abdel, consciente del riesgo que corría su hogar, sobre todo cuando hace sólo 10 días el ayuntamiento madrileño destruyó 40 viviendas y dejó sin techo a más de 100 personas, decidió resistir junto a su familia.
Ante la llegada de las má-quinas excavadoras, protegidas por un hermético cordón policial, unos 200 vecinos, que tomaron conciencia de la situación por una campaña espontánea en la que se advertía que “la siguiente puede ser la tuya”, iniciaron la resistencia.
Primero, los migrantes marroquíes intentaron evitar que las máquinas “de la destrucción” llegaran hasta la casa de Abdel, increparon a los policías y se enfrentaron a ellos, lo mismo con las manos que con lo que encontraban a su alcance.
Los agentes españoles, que minutos después fueron auxiliados por un amplio dispositivo de agentes antidisturbios, lanzaron balas de goma y repartieron golpes con sus macanas contra los vecinos indignados, que se tiraron al suelo o buscaron refugio en los páramos solitarios de este enclave marginal.
Dos horas después de las agresiones se escuchó el crujir de los techos, paredes y enseres de la casa de Abdel y Fátima, un hogar que fue pulverizado ante los cientos de asustados migrantes asentados en el poblado chabolista.
El enfrentamiento, además de una familia sin hogar, dejó un saldo de 27 heridos, entre ellos el propio Abdel y su mujer; incluso se temió que por la intervención policial ésta corriera el riesgo de perder a su bebé.
Un joven de 18 años, también de origen marroquí, sufrió una contusión en el ojo, fruto del impacto de una bala de goma que pudo haberle costado la vista. Asimismo se informó que un hombre de 60 años, vecino del poblado desde hace 15, resultó herido por los golpes de los agentes.
Mientras, 23 policías municipales y nacionales resultaron con heridas leves, con pequeños golpes provocados por las piedras y los puñetazos de los vecinos.
El alcalde madrileño, que ofrecía una rueda de prensa a la misma hora en que el sur de la ciudad vivía situaciones más propias de Medio Oriente, y a pesar de que él mismo ordenó el desalojo y es el principal promotor de la eliminación de los poblados chabolistas, aseguró que “desconocía” lo que ocurría en la Cañada Real Galiana.
Incluso Ruiz Gallardón defendió que “como siempre, las actuaciones del ayuntamiento en este ámbito se producen en ejecución de una decisión judicial”.
El alcalde contó con el respaldo del vocero de la Confederación Española de Policía, Rodrigo Gavilán, quien señaló que “esto parecía Palestina, varios marroquíes portaban armas blancas e incluso le quitaron la pistola a un agente municipal”.
La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España denunció la “agresividad policial” contra los ciudadanos magrebíes, y subrayó que lo mismo se ensañaron con adultos, mujeres y niños.
Más duro con el gobierno municipal fue Javier Baeza, uno de los párrocos de la iglesia San Carlos Borromeo, que pretende cerrar la Conferencia Episcopal Española por su labor de solidaridad con los pobres y los marginados, al sostener que “estamos hablando de un operativo con un componente discriminatorio: se empieza por meterle mano a las casas de los rumanos y marroquíes sin papeles y no se tocan a los megachalés ilegales que hay en la zona ni tampoco a las empresas”.
El “párroco rojo”, como se le llama coloquialmente, criticó el argumento del ayuntamiento con que defiende su política de destrucción de colonias marginales: “dicen que no puede consentir que vivan en condiciones infrahumanas, sin luz, ni agua corriente ni instalaciones sanitarias. Pero, ¿es más salubre tener como techo el cielo?”