Ruptura con panistas retrasa aprobación; a marchas forzadas cabildea con ese bloque
Apuro del gobierno veracruzano y priístas por votar reformas a la Ley de Pensiones
Jalapa, Ver., 20 de octubre. A marchas forzadas, el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y la fracción priísta en el Congreso local cabildean con los diputados panistas para votar las reformas a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), una de las principales modificaciones legales comprometidas por el mandatario estatal para sus primeros tres años de gobierno, que coinciden con la legislatura que concluye el 4 de noviembre.
La iniciativa prevé la ampliación de entre cinco y siete años la edad de jubilación para los trabajadores del estado y un candado de 15 años de cotización para hacer efectivo este derecho. Faculta, además, al Ejecutivo local a ocupar hasta 50 por ciento de los 2 mil 600 millones de pesos que abarca la reserva estratégica del IPE para invertirlos en documentos bursátiles y otras aplicaciones.
Sin embargo, el bloque PAN-PRI con el cual se preveía aprobar la propuesta en una sesión extraordinaria esta semana quedó fracturado tras las elecciones del 2 de septiembre y por el derribo de la estatua del ex presidente Vicente Fox en Boca del Río. En ambos casos, la dirigencia estatal y autoridades panistas acusaron a Herrera Beltrán de realizar una “elección de Estado” y estar detrás del ataque a la efigie.
“No nos interesa restablecer relaciones con el gobierno estatal y para nosotros ya no existe el Pacto de Gobernabilidad; la relación de Acción Nacional con Herrera no puede ser peor después de lo electoral y lo del ataque a una imagen del ex presidente Fox”, señaló el dirigente estatal del PAN, Alejandro Vázquez Cuevas, tras reunirse en Coatepec con el Consejo Estatal de su partido, el pasado 17 de octubre.
Un día antes, durante la reunión de la Comisión Permanente del Congreso local, fue imposible convocar a una sesión extraordinaria, como estaba previsto, para votar las reformas a la Ley del IPE. La estrategia fue que las diputadas panistas María del Carmen Pontón Villa y Silvia López San Millán se negaran a firmar el dictamen de las comisiones de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social que sustentaría la convocatoria.
Días antes, el presidente de la mesa directiva, el priísta Juan Nicolás Callejas Arroyo, festinaba abiertamente que las reformas a la Ley del IPE eran una realidad. “No nos iremos sin dejar arreglado ese asunto, somos una legislatura responsable”, decía en entrevista el también líder magisterial. Sin embargo, la ruptura del bloque PAN-PRI frenó su euforia y puso en apuros el proyecto de Herrera Beltrán.
El tiempo para concretarlo se agota pues este 5 de noviembre concluye la presente legislatura y toman posesión los diputados electos el 2 de septiembre.
“La prisa para sacarlo en esta legislatura es que hay equilibrio de fuerzas, pues el PRI tiene 23 curules y el PAN 21, con lo que se formaría el bloque que les había funcionado, y el costo político de la reforma se distribuiría entre ambos”, explica el maestro Atanasio García Duran, integrante de la fracción perredista.
Aunque en la próxima legislatura el tricolor tendrá mayoría absoluta, con 28 diputaciones de mayoría y dos plurinominales, se busca evadir que la “aplanadora priísta” saque las reformas pues la clase trabajadora afectada los señalaría, agrega.
Entre las maniobras del gobierno estatal para reconciliarse con el panismo, están permitir la reinstalación de la efigie de Fox Quesada y un homenaje público al ex mandatario en territorio veracruzano.
Meterán la mano al cajón: PRD
Según la iniciativa enviada al Congreso el 30 de mayo, la edad para que un trabajador alcance el derecho a jubilarse y obtener una pensión mensual se eleva hasta siete años comparada con el texto actual que marca la edad limite a los 53 años.
La propuesta de reforma al artículo 37 estipula que “tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicio e igual de cotización y que hayan cumplido 60 años”.
La modificación al artículo 38 señala que “tienen derecho a pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido 60 años de edad, 15 de servicio como mínimo e igual tiempo de cotización”.
Es decir, si un trabajador tiene 60 años pero no 15 de trabajar al servicio del estado, deberá continuar con sus labores hasta alcanzar este tiempo de cotización.
En el artículo tercero transitorio de la iniciativa se acota que estos requisitos se aplicarán sólo para quienes adquieran la calidad de derechohabientes a partir de la entrada en vigor del nuevo texto legal.
Otro de los cambios contemplados es la facultad para que el gobierno estatal tome hasta la mitad de la “reserva técnica” que actualmente se calcula en 2 mil 675 millones de pesos para destinarla a inversiones especulativas en la Bolsa Mexicana de Valores y otros proyectos, como la construcción y operación de carreteras de cuota así como préstamos con rédito.
De aprobarse lo anterior, se facilitará la colocación de un porcentaje de las reservas financieras del Instituto en el Fondo Veracruz que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el mes de abril.
“La prisa es meterle la mano al cajón”, expuso Uriel Flores Aguayo, coordinador de la bancada perredista.
Actualmente el IPE cuenta con 94 mil 454 derechohabientes, 77 mil 213 activos y 17 mil 241 pensionados, pero todos serán afectados con estos cambios, principalmente por el uso de las reservas financieras acumuladas con sus cuotas, añadió.