La responsabilidad de la Junta de Gobierno
A una semana de que concluya la consulta que realiza la Junta de Gobierno entre la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México para la selección de un nuevo rector, puede decirse que el proceso se desarrolla en un ambiente de tranquilidad. Por supuesto, hay intensa discusión entre los universitarios acerca de los candidatos, sus programas y el futuro de la institución, pero se da dentro de un clima de respeto y responsabilidad, en el que las ideas se ponen por encima de las diferencias, que desde luego existen. De mantenerse el clima que hasta ahora ha caracterizado a la auscultación, la UNAM saldrá sin duda fortalecida, algo necesario para poder enfrentar de manera unificada los desafíos que están por venir.
Si bien el escenario es el descrito, habrá que mantenerse alerta en los próximos días. Existen intereses dentro y fuera de la institución a los que convendría que el proceso se descarrilara. Hasta ahora estos propósitos se expresan bajo formas extraordinariamente primitivas y esquemáticas. Una es propiciar la polarización. Se piensa que el enfrentamiento exacerbado entre dos candidatos fuertes conduciría necesariamente a la anulación, lo cual abriría la posibilidad de emergencia de terceras opciones. Una de las formas de desenmascarar este propósito consiste simplemente en advertirlo. Creo que a pesar de que la Junta de Gobierno ha sido extraordinariamente silenciosa (quizá no conoceremos hasta noviembre la lista definitiva de los candidatos propuestos), las opciones están a la vista y todos los candidatos conocidos se presentan en igualdad de condiciones. La diferencia hasta ahora consiste, no en los programas de cada uno, recogidos por los medios de comunicación (que serán conocidos por la junta después del 31 de octubre), sino en los apoyos y argumentos de las comunidades que los respaldan.
Un argumento primitivo es que la selección no depende del número de adhesiones. Es obvio que no, aunque el nuevo rector debe contar con fuerte respaldo de los universitarios. Quienes critican el procedimiento que se sigue lo califican de antidemocrático; es una decisión, se dice, que surge de un “cónclave de 15 notables”. Este procedimiento, con el que podemos estar o no de acuerdo, es el que establece la Ley Orgánica y ha resistido impugnaciones realmente severas a lo largo de la historia y en medio de importantes movilizaciones. Además, no se cuenta con puntos de referencia en la evolución de la democracia mexicana que resulten convincentes para modificarlo por ahora; simplemente hay que recordar lo que ocurrió el 2 de julio de 2006. ¿Alguien quiere que ocurra algo así dentro de la UNAM?
La Junta de Gobierno tiene una responsabilidad enorme: no solamente debe medir el ánimo de los universitarios y recoger sus propuestas (para lo que, por cierto, no tiene capacidad, pues su agenda está saturada y ya sólo recibe correos electrónicos, algo lamentable que habrá que corregir en el futuro; aunque, viendo el lado positivo, ilustra el enorme interés de los unamitas, cuya numerosa participación constituye una validación del proceso en su conjunto), sino que además tendrá que evaluar los programas de los candidatos, su capacidad para asegurar el desarrollo académico de la institución y su proyección internacional y, sobre todo, cómo los aspirantes se pueden inscribir en la realidad del país en los próximos cuatro años.
¿Cuál es esa realidad? En México hay un gobierno panista, enemigo de la educación superior pública y laica, para el que las ciencias, las humanidades y las artes son completamente prescindibles. Si algún integrante de la junta lo duda, puede examinar el papel que desempeñó Felipe Calderón durante el gobierno del presidente Fox en la asignación del presupuesto a las universidades públicas. También puede analizar el presupuesto 2007, en el que un representante de ese partido, nada menos que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se alegró por la reducción de los recursos a la UNAM que propuso Calderón. Por fortuna ingresamos en una era en la que ya hemos avanzado en la división de poderes. Si la Junta de Gobierno no ve todo esto, estamos perdidos. ¿Quién puede representar mejor a la Universidad Nacional en este escenario?
No se trata de una confrontación. Se trata de contar con una figura digna, con representatividad y autoridad moral frente a los poderes de la unión, incluido el Ejecutivo, con capacidad para convencerlos de la importancia de la educación superior pública, así como de lo que ya aporta la universidad, y de lo que puede aportar al desarrollo de México.
Quienes quisieran un ambiente de polarización han planteado la hipótesis del continuismo. Tiene varios componentes, algunos preocupantes. No me voy a detener en ellos, pero resultan ofensivos, pues subestiman la capacidad e independencia de los universitarios para decidir sobre su futuro.