Ni siquiera se sabe el número de las víctimas ni cómo se resarcirán daños
Rezagos de la Femospp dificultan pago de indemnizaciones por la guerra sucia
Hasta el momento es inviable la entrega de indemnizaciones a víctimas de la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta, porque la Procuraduría General de la República ni siquiera ha terminado de integrar los más de 500 expedientes que dejó inconclusos la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), revelaron fuentes oficiales.
Los trabajos de la comisión interdisciplinaria, en la cual participan representantes de la Secretaría de Gobernación, de la PGR y hasta –supuestamente– de una organización internacional de derechos humanos, tienen como misión elaborar un proyecto para la entrega de las indemnizaciones, pero su trabajo es incipiente, señalaron los entrevistados, quienes aseguraron que apenas se han realizado unas cuantas reuniones del comité.
Explicaron que es imposible hablar en este momento de la cantidad exacta –ni siquiera cercana– que se requiere para pagar las indemnizaciones, porque no se sabe cuántas personas deberán recibir alguna cantidad y ni siquiera se han creado mecanismos para determinar el monto correspondiente.
Al respecto, funcionarios de la PGR señalaron que la Subprocuraduría de Delitos Federales debe concluir su trabajo de integración de las averiguaciones previas y “determinarlas”, es decir, si hubo o no delitos, y cuántas personas en cada una de las indagatorias resultaron afectadas.
Existen casos, señalaron las fuentes, en los que la Femospp inició sus averiguaciones previas por presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad en contra decenas de habitantes de comunidades guerrerenses, sin precisar ni el número de afectados ni sus nombres, por lo que es posible que personal de la PGR tenga que acudir a comunidades como El Quemado para realizar sus propias diligencias.
Para que se pague una indemnización hay dos caminos: llegar a una resolución judicial que ordene la reparación del daño, o bien que el Ministerio Público concluya sus averiguaciones previas y determine la existencia del daño, y mediante un órgano colegiado, como lo es comisión interdisciplinaria, se determinen los montos para cada afectado.