La Corte da un mes a la sección 22 para probar acusaciones
Oaxaca, Oax., 27 de octubre. La comisión investigadora que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para indagar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por los gobiernos federal y estatal durante el conflicto político social en esta entidad, se reunió con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y le dio un plazo de 30 días para sustentar sus acusaciones.
El secretario de Organización del gremio, Ezequiel Rosales Carreño, dijo que el magisterio oaxaqueño expuso su visión del conflicto a la comisión investigadora –encabezada por los magistrados Manuel Baraimar Constantino y Roberto Lara Hernández– y cómo se complicó, terminando en una gran represión contra sus miembros e integrantes de organizaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, así como ciudadanos en general.
“Les dijimos que todo se inició cuando presentamos nuestro pliego petitorio el 1º de mayo y cómo se complicó por la cerrazón de los gobiernos federal y estatal para dar respuesta a la demanda de rezonificación, nuestra principal petición”, señaló.
Recordó que el 8 de junio del año pasado recurrieron al entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, para su intervención, pero “no nos recibió porque estaba ocupado en las elecciones del 2 de julio”. Luego vino la represión el día 14, cuando la policía local intentó desalojar a miles de profesores y miembros de organizaciones sociales del zócalo de la ciudad.
La demanda principal pasó así, expuso, de económica a política para exigir la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y castigo a los responsables.
Mencionó que la dirección gremial expuso a la comisión la represión desatada por los gobiernos federal y estatal, mediante corporaciones policiales, así como de sicarios y grupos paramilitares, lo cual originó la muerte de 23 simpatizantes del movimiento magisterial y popular y la detención ilegal y torturas de centenares.