Editorial
Corrupción y tragedia
De acuerdo con información que se publica hoy en estas páginas, tres administraciones tabasqueñas –la de Roberto Madrazo, la de Manuel Andrade y la de Andrés Granier, en funciones– recibieron cuantiosos recursos procedentes de Pemex, originalmente destinados a subsanar las deficiencias de infraestructura y vivienda en la entidad, y particularmente para la realización de obras públicas contra las inundaciones. Los recursos entregados por la paraestatal, equivalentes a más de 2 mil 200 millones de pesos, fueron documentados en forma deficiente e irregular, en el mejor de los casos, o simplemente se perdió su rastro.
Desde las postrimerías de las presidencias priístas, a lo largo de todo el foxismo, y en lo que va de la administración que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, las autoridades de la Federación han entregado dinero por la vía irregular, discrecional e insólita de “donaciones” de Pemex a los gobernantes tabasqueños, sin molestarse siquiera en verificar el destino de los recursos. Y durante tres gobiernos, el priísmo local ha empleado esos recursos –de acuerdo con la información– en comprar gasolina para vehículos que no se encontraban en circulación, así como en la compras domésticas de diversos funcionarios locales.
La indolencia federal y la corrupción estatal se dan la mano por encima de las diferencias partidistas y dan por resultado una catástrofe que pudo y debió evitarse, y cuya responsabilidad política y moral, si no es que penal, recae tanto en los funcionarios que autorizaron esas transferencias y cerraron los ojos como en los que las recibieron y no las emplearon en mejorar la seguridad de los tabasqueños. Los datos disponibles hacen imperativo e impostergable el esclarecimiento pleno de los desvíos que tuvieron lugar y la realización de las imputaciones legales correspondientes a quienes lucraron con la seguridad y el bienestar de la población.
La más obvia responsabilidad del gobierno en todos sus niveles es, precisamente, garantizar la integridad física de los habitantes del país, y ello implica sin duda combatir la delincuencia, pero también cumplir y hacer cumplir las leyes y los reglamentos correspondientes y tomar las precauciones necesarias para evitar que mueran o que se vean reducidos a una situación desesperada por efecto de las fuerzas de la naturaleza. Si las autoridades no son capaces de cumplir con esa obligación básica e irrenunciable, en suma, si el gobierno deja a los individuos abandonados a su suerte, resulta inevitable cuestionarse por su utilidad y por las justificaciones de su existencia, sobre todo si se tiene en mente el altísimo costo del funcionamiento de las instituciones y las percepciones insultantes que se hacen pagar los altos funcionarios.
En estas horas amargas, la respuesta solidaria para con los tabasqueños se ha expresado ya en el resto de la sociedad y no ha debido esperar, por fortuna, a que se le invocara desde Los Pinos. En todo caso, los llamados del Ejecutivo federal a acudir en ayuda de los connacionales del sureste afectados por las inundaciones tendrían que basarse en una credibilidad y en una autoridad moral derivadas del pleno cumplimiento de las funciones. Estos atributos, sin embargo, se desvanecen en la nada a la vista de la trama de complicidades entre funcionarios federales y estatales y en presencia de graves indicios de desvío de recursos. En la percepción popular generalizada, los gobernantes panistas no parecen quedarse a la zaga de sus antecesores o socios priístas por lo que se refiere a la opacidad en el manejo de fondos propiedad de la nación. El sexenio pasado fue prolífico en escándalos nunca aclarados; hoy resulta inevitable recordar los inciertos manoseos presupuestales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuando éste era encabezado por Carmen Segura Rangel.
Hoy, cuando los tabasqueños enfrentan la peor catástrofe hidráulica en la historia de la entidad, una inundación que ha perjudicado a unas 700 mil personas y que afecta a más de la mitad del estado, es obligado inquirir en qué medida ese desastre se debe a las lluvias, y de qué manera ha sido determinante la ineptitud de los gobernantes federales y la falta de escrúpulos de los estatales.