Usted está aquí: viernes 9 de noviembre de 2007 Estados Detienen a dos líderes sociales en Sonora; el gobierno descarta que haya represión

Juan Murguía y Alfonso Chaparro participaron en protestas contra el gobierno

Detienen a dos líderes sociales en Sonora; el gobierno descarta que haya represión

Dirigentes barzonistas aseguran que hay más órdenes de aprehensión contra sus integrantes

Se trata de una actuación de la autoridad, asegura el secretario de Gobierno

Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)

Hermosillo, Son., 8 de noviembre. En los últimos días, la Policía Estatal Investigadora detuvo a dos líderes sociales: Juan Murguía Franco, dirigente de El Barzón Auténtico de Sonora en Ciudad Obregón, y a Alfonso Chaparro, quien encabezó protestas de choferes en Hermosillo en septiembre pasado. El gobierno del estado anunció que habrá más órdenes de aprehensión contra otros líderes de ambos movimientos.

Murguía Franco fue aprehendido el primero de noviembre y recluido en la prisión de Ciudad Obregón, donde se le sigue proceso penal por el delito de despojo, debido a que encabezó un grupo de personas que se opuso al desalojo de una casa reclamada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.

El juzgado tercero penal impuso una fianza de 190 mil pesos al llamado “defensor de las viviendas de los sonorenses”, considerada “estratosférica” por Gabriel Palomera, dirigente de El Barzón Auténtico, quien demandó que se limpie el proceso que se le sigue a su compañero, pues está “viciado de origen” y se basa en “una acusación frágil y plagada de irregularidades”. Sus familiares dijeron que es imposible pagar esa cifra.

Dirigentes barzonistas comentaron que hay más órdenes de aprehensión giradas por juzgados locales contra otros integrantes de la agrupación, aunque no especificaron de quiénes se trata.

Ayer, la policía detuvo también a Alfonso Chaparro, dirigente de choferes de Hermosillo, acusado por el ayuntamiento de Hermosillo de ataques a las vías de comunicación, derivado de su participación en los cierre de calles efectuados en septiembre pasado contra el programa de modernización del transporte de pasajeros de la capital del estado (conocido como Suba).

Roberto Ruibal Astiazarán, secretario general de Gobierno, explicó que “no hay que caer en la tentación o la especulación de decir que esto tiene que ver con un asunto de represión o de cuestiones políticas”.

En el caso de Chaparro, Rubial Astiazarán comentó que fue “una actuación de la autoridad solicitada por la propia ciudadanía: no solamente la sociedad, sino los medios de comunicación, en el momento preciso en que sucedían los hechos (bloqueos de calles y juzgados) reclamaban la actuación de la autoridad e incluso cuestionaban por qué la autoridad no estaba actuando”.

 
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