REPORTAJE / A diez años de Acteal
“Retiro” de campamentos y agresiones contra zapatistas
La “estrategia” oficial que desembocó en desastre
El 22 de septiembre ocurrió un hecho que serviría a la PGR y a autores oficiosos como explicación de la matanza que ocurriría tres meses después en Acteal: “un conflicto intercomunitario” por la “disputa de un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó
Ampliar la imagen
El 30 de diciembre de 1997 se llevó a cabo el sepelio del bebé Pedro Arias Pérez, quien nació en Chimix y sólo tenía 27 días de haber nacido cuando sus padres se vieron obligados a desplazarse a Acteal, debido a las acciones de contrainsurgencia que desarrollaban en la zona grupos paramilitares
Foto: Carlos Cisneros
En agosto de 1997, de manera inesperada, el Ejército federal hizo cambios significativos en los territorios indígenas de Chiapas. Pareció un retiro. Los medios informaron de una “reducción de tropas y desmantelamiento de campamentos en tres regiones”, y el relevo de “unos 5 mil militares de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano” (La Jornada, 18 de agosto)*. “Previo al tercer Informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo y en una acción sin precedente desde 1994, el Ejército destruye sus propios asentamientos y retira tropas de siete campamentos en los Altos, la zona norte y la selva”, prosigue la información. El gobierno federal abrió también los frentes económico y diplomático para divulgar que en Chiapas había paz, atención a los pueblos y respeto a los derechos humanos.
El presidente municipal autónomo de San Andrés, Juan López González, se mostró sorprendido y optimista: “¿Nos quiere decir el gobierno que quiere regresar a los diálogos de paz?” Antes de 24 horas, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, ofreció la respuesta al informar que el Ejército “puso en marcha un reajuste en su dispositivo militar, pero de ninguna manera significa el retiro de tropas” (19 de agosto).
En San Andrés, las posiciones en San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar, retiradas la víspera, sí “fueron removidas”, según el general, pues “salían sobrando”. Ello, no obstante que las dos primeras rodeaban Oventic y la tercera estaba cerca de Chenalhó, donde la violencia paramilitar y el problema de los desplazados se agudizaban.
Desde la séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, el general Castillo Fernández comandaba decenas de miles de soldados que ocupaban los Altos, la selva y la zona norte. Además, tenía bajo su mando 12 grupos de la Fuerza de Tarea Arcoris, creados a raíz del levantamiento zapatista, “un equipo único en todo el país” (11 de agosto). Como única era considerada la concentración de tropas en esa circunscripción.
Rechazo a la militarización
El 22 de agosto, el EZLN reitera que, “en demanda del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de las zonas indígenas, marchará a la ciudad de México con mil 111 pueblos zapatistas”. El 23, en lo que parece un cambio de planes, el Ejército intenta restablecerse en San Cayetano, donde había destruido sus instalaciones. El 24 se suscita una confrontación entre indígenas sin armas y unos 250 soldados. “Centímetros dividen a los efectivos del Ejército –entre ellos tropas de elite transportadas en helicóptero– y los zapatistas desarmados, que repudiaban a gritos su presencia; los calificaban de ‘asesinos, defensores del mal gobierno’, tocaban sus armas y les palmeaban la quijada con una expresión retadora: ‘soldadito’” (25 de agosto).
“La tensión aumentó cuando arribaron cuatro helicópteros que transportaban fuerzas de elite con fusiles de asalto R-15”. Un tzotzil espetaba a un soldado “visiblemente nervioso”, con un “dispárame de una vez”. La protesta se extendió hasta las bases militares de Puerto Caté y San Andrés. El Ejército había decidido “recuperar las tres estratégicas posiciones contrainsurgentes –San Cayetano, Jolnachoj y Santiago El Pinar–, que quemó y abandonó el pasado 12 de agosto”, añade la nota. Eventualmente, el Ejército se reinstaló allí, y sólo la base de Jolnachoj sería retirada tres años después.
El primero de septiembre de 1997, el presidente Zedillo rinde su tercer Informe, con una tumultuosa danza de cifras y cuentas alegres que no le dejan espacio para mencionar el conflicto de Chiapas. Su silencio fue considerado “preocupante” por el diputado perredista Gilberto López y Rivas (2 de septiembre). El dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “fue una omisión deliberada”, pues era un tema “obligado a tratar ante el Congreso de la Unión”. Hasta el Partido Verde Ecologista se extrañó: “es una gran omisión, que confirma el poco interés que tiene el Presidente en la solución del problema” (4 de septiembre).
El 9 de septiembre, delegados de los mil 111 pueblos zapatistas salen de San Cristóbal de las Casas rumbo a la ciudad de México, que estrena como jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, triunfador en las elecciones de julio. La conflictividad de Chenalhó entra en un relativo impasse. En las comunidades dominadas por los paramilitares sube la presión contra zapatistas y simpatizantes, y hasta contra priístas que no aceptan agredirlos.
Al paso de la marcha por Oaxaca, el “compañero Isaac” lee un mensaje del EZLN: “Desde que está el Ejército dentro de nuestros pueblos estamos en la inseguridad, porque ellos entrenan y protegen guardias blancas que han sido causa de enfrentamientos y están dejando viudas, huérfanos, encarcelados y desaparecidos” (11 de septiembre).
Mientras los zapatistas prosiguen su marcha a la capital del país, se suceden declaraciones de la clase política. El dirigente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, se declara “respetuoso del derecho de expresión pública” de los rebeldes, pero “no podemos darles la bienvenida mientras no dejen las armas y la clandestinidad” (12 de septiembre). El dirigente del blanquiazul rechazó “las autonomías indígenas superiores (sic) a los municipios y los estados”, y deploró la actuación del gobierno zedillista frente al conflicto de Chiapas. El incumplimiento de las “legítimas demandas de los pueblos indígenas” los ha mantenido “en el atraso, la marginación y la miseria”.
El día 13, la marcha zapatista llega al Zócalo capitalino y es recibida por una multitud entusiasta. El secretario de la Defensa Nacional “saluda” la marcha y el presidente Zedillo se pronuncia por el diálogo “y no la vía de las armas” (14 de septiembre).
Agresión en Los Chorros
Tras 11 días de marcha, los mil 111 zapatistas regresaron y fueron festejados en San Cristóbal de las Casas por miles de bases de apoyo del EZLN el 19 de septiembre. Ese mismo día, los priístas de Los Chorros queman 60 casas y 150 personas se refugian en Naranjatic Alto. En Los Chorros quedan “detenidos” seis miembros de Las Abejas (20 de septiembre).
El concejo autónomo de Polhó denunció que los priístas armados amenazaban con atacar Naranjatic y Yibeljoj “para acabar con esos cabrones” (los desplazados). Portando “armas de grueso calibre” hicieron disparos en las inmediaciones de Yibeljoj “para atemorizar a nuestros compañeros”. Así, de golpe, volvía la violencia a Chenalhó.
La disputa por el banco de arena
El día 22 sucede el hecho que después de la masacre de Acteal serviría a la Procuraduría General de la República y a autores oficiosos como “explicación” de la matanza que ocurriría tres meses después: un “conflicto intercomunitario”, la “disputa por un banco de arena” en Majomut, barrio de Polhó. Un grupo de Los Chorros, comunidad ubicada a unos 10 kilómetros, se ostentaba como propietario del banco de arena desde dos años atrás, cuando el gobierno lo “compró” y dio a los priístas (23 de septiembre). La historia de esa disputa data de los años ochenta.
Los zapatistas, considerando la mina dentro del municipio autónomo (de hecho, en terrenos de la cabecera autónoma de Polhó), desde abril habían comenzado a extraer grava. Ese 22 de septiembre pierden la vida Joaquín Vázquez Pérez y Mariano Vázquez Hernández, de Los Chorros, parte de un grupo de unos 30 priístas armados que llegaron el día 21 a preparar el arribo de un destacamento de policía. También murieron dos zapatistas: Agustín Luna Gómez (quien había participado en la marcha de los mil 111) y Antonio Pérez Castro. “Las represalias contra simpatizantes del EZLN comenzaron esa misma tarde” cuando la policía detuvo y golpeó a Vicente Ruiz “porque no portaba credencial del PRI”.
Representantes de 12 municipios zapatistas denunciaron que los ataques eran “la respuesta del gobierno a la marcha”. Mientras los priístas los acusaban “del asesinato de sus compañeros”, en una situación “muy tensa” los desplazamientos estaban “a la orden del día en diversos parajes” (24 de septiembre).
Los autónomos manifestaban que los paramilitares, “en coordinación con la policía y pagados por el gobierno, se van metiendo en las comunidades para desalojar, quemar viviendas, robar, perseguir y asesinar a los simpatizantes del EZLN y el PRD que están desarmados. Pero ya no nos vamos a dejar”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada