El despojo de la salud

Martha A. Castañeda

Despojada de sus bienes y productos, a la gente del campo también se le está arrebatando su salud.El estado de salud de la población refleja la desigualdad en la distribución de los recursos del país: es en la población rural donde se concentran las más altas tasas de mortalidad y de morbilidad por causas fácilmente prevenibles y curables, pues existen los conocimientos así como los recursos técnicos y económicos para abatirlas.

Desde finales del siglo pasado la salud de los pobres comenzó a verse como mercancía: el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) y el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) cambiaban servicios básicos de salud por el tiempo y trabajo de las mujeres; el Progresa les daba además un poco de dinero para comer a cambio de invadir la intimidad de su casa y su cuerpo. El Oportunidades carga a las mujeres la responsabilidad de mantener saludable a la familia y educar a los jóvenes... hasta que éstos agarren su mochila y se vayan a buscar trabajo en otro lado.

Se trata de mantener un mínimo de salud rural mientras se vacía el agro. Pero, devastado y todo, el campo sigue poblado y los servicios de salud con los que cuenta son un desastre: los centros de salud familiares carecen de medicamentos; los hospitales comunitarios no tienen capacidad resolutiva; para recibir atención oportuna a una urgencia, ésta debe ocurrir en horarios hábiles, y aun así es difícil conseguir transporte de emergencia.

Con el arribo de gobiernos panistas, la salud comenzó a verse como un nicho de mercado, como una fórmula para mejorar los indicadores socioeconómicos, como el producto de un proceso hospitalario, como el problema de una parte de la población que se podría atender si se aprobara la reforma fiscal y si el secretario de Salud consigue ayuda de la iniciativa privada.

También ha habido intentos bienintencionados. El Seguro Popular, por ejemplo, se planteó como una política para garantizar que todas las personas, sin importar su capacidad de pago, tengan acceso a una amplia gama de servicios médicos, desde los más elementales hasta tratamientos y cirugías sofisticadas. Con ello se espera que la salud rural se acerque a las medias nacionales.

Sin embargo, esto no ha sucedido. En 2004, por ejemplo, 32 por ciento de las mujeres que en Oaxaca murieron por maternidad, tuvieron que viajar entre dos y 10 horas para ser atendidas de una hemorragia o de convulsiones por presión arterial alta, y después de un vía crucis por clínicas y hospitales, finalmente llegaron a morir a un hospital en la capital del estado. Otro dato estremecedor: 38 por ciento de las oaxaqueñas que murieron por un parto complicado en 2005 no intentaron llegar a un hospital y fallecieron en su casa.

El Seguro Popular opera con una red de servicios deteriorada, insuficiente y con graves problemas de interconexión. No todas las unidades médicas pueden brindar los servicios que prometen, y éstos no se dan por conducto de IMSS-Oportunidades, programa con cobertura significativa en el medio rural.
Así las cosas, se cae en un círculo vicioso: el Seguro Popular destina recursos financieros para que las familias campesinas e indígenas reciban servicios que no tiene capacidad de brindar. Las familias ingresan a la estadística de un servicio que en realidad no reciben. Y uno se pregunta: ¿adónde van finalmente los recursos erogados?

Un punto de ruptura de este círculo vicioso está en las decisiones sobre el monto y destino de los recursos.
El actual secretario de Salud ha declarado que el presupuesto del Seguro Popular es insuficiente para construir la infraestructura que requiere el país. Sin embargo, con una inversión millonaria, se ha puesto en marcha el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, proyecto que no tiene como prioridad atender el rezago rural y se orienta más bien a la construcción de hospitales de alta especialidad para poder recibir (con el pago correspondiente) a pacientes de hospitales privados, aunque también a los que refieran las instituciones públicas de salud y el mismo Seguro Popular.

Quizá atender a los hombres y mujeres del campo no sea rentable. Pero la salud no es una mercancía, es un bien individual y social, un derecho tan básico como la alimentación, y el gobierno es el responsable de garantizarlo a toda la población y debe destinar presupuesto suficiente para atender los problemas de salud de la población rural e indígena.

Y es que con el rezago que acarrean y los pocos recursos que el Seguro Popular les destina, el único servicio que muchos reciben es la recomendación de que hagan ejercicio y coman bien. No se vayan a enfermar...

Integrante de la Red de Promotoras y Asesoras Rurales
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