Usted está aquí: jueves 15 de noviembre de 2007 Política Diputado panista propone prohibir el aborto, aun en caso de violación

Según su iniciativa el Estado debe encargarse de los bebés y darlos en adopción

Diputado panista propone prohibir el aborto, aun en caso de violación

Plantea el Partido Verde reglamentar el papel de militares en operativos de seguridad

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Leonardo Melesio Jesús Magallón Arceo, quien fue jefe de asesores del ex gobernador de Guanajuato Carlos Romero Hicks y ahora es legislador panista, propuso ante el salón de plenos de San Lázaro reformar la Ley General de Salud con la finalidad de prohibir los abortos y obligar al Estado a hacerse cargo de los recién nacidos para darlos en adopción y, consecuentemente con su posición, puso a consideración de los legisladores federales que la violación sea calificada como una “agresión erótica”.

El representante panista ocupó la tribuna camaral para sostener que uno de los principales problemas de agresión social en el país lo constituye el embarazo producto de la violación: “nuestro Código Penal, procurando evitar alteraciones a la salud física, sicológica y espiritual de la mujer agredida, despenaliza el aborto por esta causa. Sin embargo, el riesgo para la salud y la misma vida de la mujer violada no disminuye con la práctica del aborto, ya que siendo una intervención quirúrgica no necesaria, se realiza en contra de la naturaleza corporal de la mujer violada y en contra de la vida del producto, no importando las razones por las cuales se encuentre ahí”.

Ante tal circunstancia, el panista expresó con claridad su visión en torno al aborto: “la creciente aceptación del aborto es uno de los más graves síntomas de la perturbación social de nuestro tiempo. No se trata de imponer a todos las condiciones de algunos, se trata de buscar cuál es el bien social a proteger, cuál es la solución más justa”.

Por tal razón Magallón Arceo refirió que “el aborto es un acto contra natura porque viola los derechos de la vida” y en consecuencia el Estado debe responsabilizarse activamente de la salud y bienestar de las víctimas de violación y del producto de la misma.

“Por lo cual propongo que el Estado asuma el deber de garantizar la vida humana potencial del nonato, estipulando atención médica y sicológica a la víctima de violación desde el momento en que presente su denuncia penal, si la mujer violada decide por propia voluntad mantener el embarazo hasta el nacimiento”, sostiene.

De tal forma el representante de Acción Nacional adujo que el artículo cuarto de la Ley General de Salud deberá modificarse para especificar los beneficiarios de la asistencia social: todas las niñas, niños y adolescentes. Para los efectos de esta ley son niñas y niños los seres de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 y 18 años incumplidos, tal como lo establece el artículo segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por ser concebidos producto de una violación.

Reglamentar actuaciones de militares en retenes

Por su parte, la fracción parlamentaria del Partido Verde presentó ante el pleno de la Cámara una reforma constitucional para reglamentar la participación de militares en operaciones de seguridad y retenes, así como limitar el derecho de libre tránsito cuando se lleven a cabo acciones contra el crimen organizado.

La modificación incluye una reforma para que el Ejecutivo federal, en acuerdo con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad, emplee a las fuerzas armadas nacionales en la aplicación de acciones de seguridad, en cualquier parte del territorio nacional, con el propósito de combatir el crimen organizado y conforme a las disposiciones aplicables.

Gloria Lavara y Manuel Salgado, integrantes de la fracción parlamentaria del Verde, plantearon en su iniciativa, y de acuerdo con los artículos 11, 16 y 21 de la Constitución, “todo hombre tienen derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.”

 
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