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Ya no tienen sobrecarga de trabajo, afirma el panista Rubén Camarillo

Exigen en el Senado a diputados aprobar la ley antidiego; lleva 7 meses congelada

Andrea Becerril

Ampliar la imagen El ex senador panista Diego Fernández en imagen de archivo El ex senador panista Diego Fernández en imagen de archivo Foto: Marco Peláez

Considerada como una de las principales reformas que se lograron en el Senado en el pasado periodo de sesiones, la llamada ley antidiego lleva siete meses congelada en la Cámara de Diputados, al parecer por la negativa de algunos legisladores a avalar los cambios que buscan frenar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre miembros del Poder Legislativo.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Rubén Camarillo ha cabildeado en los últimos días con los diputados que dictaminan la minuta, con el propósito de que la saquen de la congeladora. “Es la oportunidad de lavar la cara al Congreso y mandar un mensaje a la ciudadanía de que queremos un marco jurídico claro, que evite cualquier incompatibilidad o conflicto de intereses en nuestra tarea legislativa”, resaltó.

Las reformas al artículo 62 constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso que fueron aprobadas en el Senado el 17 de abril pasado incluyen la prohibición expresa de litigar contra el Estado, ocupar otro cargo público de manera paralela y obtener beneficios o prebendas económicas a partir de su cargo en el Congreso.

Durante la sesión en que se aprobó el nuevo régimen de incompatibilidades, se recalcó que la intención es impedir que los legisladores se conviertan en representantes de los poderes fácticos, lo cual impediría que sus decisiones respondieran a intereses particulares o de corporaciones nacionales y extranjeras.

A la reforma se le conoce como ley antidiego, ya que el ex senador panista Diego Fernández de Cevallos fue un caso representativo del conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Dicha iniciativa se dictaminó en momentos en que se daban a conocer a la opinión pública grabaciones en que el ahora diputado del PRI Emilio Gamboa aceptaba instrucciones del empresario Kamel Nacif para no modificar la Ley de Sorteos y Juegos.

Durante la sesión del pasado 17 de abril, el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell dijo que con esa enmienda se impedirá “el abandono de la responsabilidad política de los legisladores en favor de fuerzas ilegítimas”.

En el Senado hay molestia por la demora de los diputados para dictaminar esa modificación, por los casos de conflicto de intereses que hay en Xicoténcatl. El más evidente es el del senador del tricolor Jorge Mendoza, quien está fuertemente ligado con Tv Azteca y pretende participar en los trabajos de las nuevas leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones.

Al respecto, el senador Camarillo sostuvo que la norma no lleva etiquetas ni dedicatorias, pero sí puede prevenir que algún senador incurra en actitudes poco éticas. “Sin duda la legislación deja muy claras las reglas a las que algún legislador se tiene que acoger en caso de que el tema discutido le pudiera acarrear incompatibilidad o, en el peor de los casos, conflicto de intereses”.

El panista precisó que de manera respetuosa ha pedido a los integrantes de las comisiones dictaminadoras en San Lázaro que voten la minuta, sobre todo ahora que desahogaron ya los temas que los mantuvieron con sobrecarga de trabajo, como la reforma fiscal y el Presupuesto de Egresos.

“En el Senado mereció aprobación unánime, ojalá que en la Cámara de Diputados la aprueben pronto”, aseveró.

 
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