Usted está aquí: miércoles 21 de noviembre de 2007 Estados Despojo de tierras y fraude en la administración de Patrón Laviada

Timó Cousey a campesinos al comprarles predios a menos de una décima parte de su valor

Despojo de tierras y fraude en la administración de Patrón Laviada

Ex titular de la dependencia se dice “preso político”; causó quebranto de más de $500 millones

Empresarios y colaboradores del ex gobernador de Yucatán, entre los beneficiaros de la estafa

Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)

Ampliar la imagen Anuncio de un lujoso proyecto inmobiliario que se construye en tierras compradas a precios ínfimos a ejidatarios de Chablekal, con la intermediación de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo de Yucatán Anuncio de un lujoso proyecto inmobiliario que se construye en tierras compradas a precios ínfimos a ejidatarios de Chablekal, con la intermediación de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo de Yucatán Foto: Luis Boffil

Mérida, Yuc., 20 de noviembre. La detención y arraigo penal del ex director de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), José Carlos Guzmán Alcocer, puso al descubierto un presunto fraude al patrimonio estatal por más de 500 millones de pesos, y que durante la gubernatura de Patricio Patrón Laviada se despojó de sus tierras a cientos de campesinos presuntamente para beneficiar a empresarios, intermediarios y colaboradores del ex mandatario panista.

Los abusos contra agricultores derivaron en la estafa de 300 hectáreas del ejido Chablekal, poblado cercano a esta capital, donde se construye un lujoso complejo con campo de golf, viviendas, tiendas departamentales y otras comodidades de primer mundo, entre ellas un helipuerto.

El Partido Acción Nacional y el ex gobernador dicen ser víctimas de una “cacería de brujas” , y Guzmán Alcocer dice ser un “preso político”. La gobernadora priísta, Ivonne Ortega Pacheco, respondió: “El ex funcionario que trabajó bien no tiene nada qué temer; el que causó daño recibirá el peso de la ley”.

En 2005 Guzmán “negoció” con unos 300 campesinos de Chablekal (al norte de Mérida, a unos kilómetros de Puerto Progreso) la compra de 320 hectáreas, es decir, 3 millones 200 mil metros cuadrados a un precio de sólo 16.50 pesos por metro cuadrado, autorizado por el consejo administrativo de la Cousey, presidido por el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada e integrado por funcionarios de la confianza de éste.

Los ejidatarios, confiados en que recibirían más dinero, accedieron a vender su patrimonio, pero más tarde se dieron cuenta del engaño. El avalúo de cada metro cuadrado, según el Registro Público de la Propiedad, era de 161 pesos, casi 10 veces la cantidad pactada. Para complementar el fraude a los campesinos, la Cousey vendió a 16.39 pesos el metro cuadrado: compró barato y vendió todavía más barato. Los beneficiarios fueron al parecer empresarios y funcionarios del gabinete de Patrón.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por el contralor gubernamental, Luis Rolando Gómez, ante la Procuraduría General de Justicia del estado, el ex director de la Cousey, José Carlos Guzmán, malversó alrededor de 515 millones de pesos durante su gestión al frente de la paraestatal (2004-2007) en fraudes con terrenos.

Si la venta de cada metro cuadrado de los 3 millones 200 mil que adquirió la Cousey se hubiera pagado a 161 pesos, precio real, los 300 ejidatarios habrían recibido 515 millones 200 mil pesos. En cambio, la Cousey aparentemente pagó 52 millones 800 mil pesos a un costo de 16.50 el metro cuadrado para revender a 16.39 pesos a Inmobiliaria Chablekal, en 2005. En términos generales, los empresarios habrían pagado al gobierno, por conducto de la Cousey, 52 millones 448 mil pesos por las 300 hectáreas, es decir, se ahorraron 462 millones 552 mil pesos al pagar menos de una décima parte del valor real.

Pero hay más: el subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia, Rafael Acosta Solís, considera que la estafa fue aún más grave, pues, según testimonios de los propios ejidatarios, Guzmán Alcocer no les pagó la cantidad pactada (16.50 pesos por metro cuadrado), sino que les dio entre 10 y 12 pesos. Acosta considera que, en promedio, hubo un faltante de cuatro pesos por metro cuadrado en la operación, es decir, 12 millones 800 mil pesos, que habrían servido para pagar los favores de presuntos intermediarios, prestanombres, funcionarios y del mismo Patrón Laviada.

Campesinos millonarios

La Procuraduría de Justicia detectó que las compraventas de terrenos fueron encargadas al ex delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán, Antonino Almazán Arteaga, conocido en círculos políticos como especulador de tierras, y a cuatro campesinos de Chablekal que se volvieron millonarios de la noche a la mañana.

Según las investigaciones, Alfonso Can Tec (13.1 millones de pesos), Onésimo Can Chan (12.1 millones), Raúl Guardia Chi (12.1) y Enrique Pool Pech (17.1 millones), todos campesinos de Chablekal, acapararon 49 millones 400 mil pesos de los 52 millones 800 mil pesos que la Cousey debió pagar a los 300 ejidatarios que vendieron sus tierras.

“Es algo totalmente ridículo. Estamos investigando que Almazán Arteaga y otros operadores del gobierno utilizaron a los cuatro campesinos como prestanombres. Esos 49 millones fueron para las personas que se beneficiaron con la fraudulenta transacción”, dijo Acosta Solís, encargado del caso Cousey.

Si se hubieran pagado a los 300 ejidatarios los 52 millones 800 mil pesos, a cada uno le hubieran tocado 176 mil pesos.

Onésimo Can Chan, quien supuestamente obtuvo 12.1 millones de pesos, negó ser millonario. “Si tuviera tanto dinero como dicen ya me hubiera ido de Chablekal”, dijo. En su declaración ministerial Can Chan confirmó que Antonino Almazán fue el intermediario entre los ejidatarios y la Cousey.

 
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