Usted está aquí: miércoles 21 de noviembre de 2007 Política ASF sí es competente para auditar a la Corte

Conclusión de su equipo jurídico; pretende evaluar el sistema de carrera judicial

ASF sí es competente para auditar a la Corte

Reticencia del PJF a transparentar uso de fondos federales para capacitación de recursos humanos

Se ha calificado ese servicio civil en otras dependencias

Enrique Méndez y Roberto Garduño

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha opuesto a permitir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue el manejo de los recursos destinados al sistema de carrera judicial con que cuenta la Judicatura Federal, lo cual ha impedido transparentar los programas para la selección y promoción de jueces y magistrados.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Antonio Ortega Martínez, informó que la opacidad con la que la Judicatura pretende mantener los recursos aplicados a este sistema ha derivado inclusive en una controversia política entre los magistrados y el auditor Arturo González de Aragón, quien solicitó a su equipo jurídico un estudio legal sobre las facultades del órgano superior de fiscalización para revisar la forma en que el Poder Judicial ejerce su presupuesto.

El legislador del PRD refirió que la Corte se negó a permitir la ejecución de la auditoría 227, Evaluación del Sistema de Carrera Judicial, que tiene como objeto “evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía para operar” dicho programa.

Asimismo, de acuerdo con la opinión jurídica de la ASF, se determinó que el órgano superior “es competente para evaluar el sistema de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación y que la auditoría 227 no se aparta del criterio de que las facultades ordinarias de la ASF deben entenderse limitadas a la gestión financiera y presupuestal”.

Al respecto, Ortega Martínez refirió que la revisión a la carrera judicial se incluyó en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones, dentro de la revisión al ejercicio de la cuenta pública 2006, debido a que ese rubro recibió 583 millones de pesos, destinados a “contar con servidores públicos en el ejercicio de impartición de justicia, con un alto nivel de profesionalismo, compromiso e imparcialidad con la sociedad”.

En ese contexto, la ASF determinó que sí cuenta con atribuciones para revisar dicha partida, porque se trata de un programa sustentado con recursos federales para formar, a su vez, recursos humanos y contar con otros de carácter material y financiero.

La auditoría refirió que en otras cuentas públicas ha aplicado auditorías de desempeño a los servicios civiles de carrera de las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública, a las procuradurías General de la República y Agraria, al Servicio de Administración Tributaria, a la Policía Federal Preventiva, al propio Consejo de la Judicatura Federal y a los institutos Federal Electoral y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en los cuales se encontraron diversas irregularidades.

 
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