La Auditoría Superior recomendó definir con claridad futura enajenación de bienes
Acepta titular del IPAB opacidad en el proceso de venta de cartera vencida
Legisladores acusan que se recurrió a trampas legales para encubrir a banqueros
La opacidad con que se ha efectuado la venta de cartera vencida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue reconocida por la secretaria ejecutiva del IPAB, María Teresa Labardini, quien aceptó las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que en los procesos subsecuentes de venta de bienes se definan con claridad las políticas, lineamientos y procedimientos.
Durante el encuentro, las respuestas lacónicas de la funcionaria contrastaron con las demandas de transparencia de los legisladores del PRD y Convergencia. Antonio Ortega Martínez expuso la urgencia de mayor información al instituto, y aseveró que la ASF analizará ésta a fondo con objeto de citar de nueva cuenta a la funcionaria.
Elías Cárdenas, por su parte, acusó que el Fobaproa-IPAB “fue cubierto con todas las medidas y todas las trampas legales para eludir la responsabilidad de los banqueros, quienes metieron en la panza del instituto créditos circulares que eran fraudes”.
Al tocar el tema de la venta de Aeroméxico, la funcionaria sorprendió a los asistentes que se congregaron en el salón C de la zona conocida como Los Cristales, al sostener que la enajenación se realizó por arriba del costo en libros, y se abrió la puerta a los mejores términos de recuperación para el IPAB.
“Cabe decir que los recursos obtenidos en la liquidación de esta operación se canalizarán a reducir el costo fiscal asociado a los programas de apoyo a ahorradores”.
En la reunión se informó, con datos de la ASF, que a la fecha la deuda total del IPAB asciende a 742 mil 377 millones de pesos. Además el órgano fiscalizador informó que cuatro son las revisiones especiales relacionadas con la venta de cartera hipotecaria vigente y vencida de Banamex y Bancomer en los que el IPAB no cumplió con el objetivo de obtener las mejores condiciones para el Estado. A su vez, Fernández Labardini insistió en que la venta de Aeroméxico fue apegada a la ley y que el monto de venta estuvo por arriba de su costo en libros.
A través de información relevante sobre los resultados de la fiscalización superior al IPAB se manifiesta que “el ente revisor determinó al 31 de diciembre de 2005 un costo fiscal global derivado del rescate bancario de un billón 300 mil millones de pesos, del cual el Programa de Apoyo al Ahorro Bancario representó un costo de un billón cien mil millones de pesos, lo que significa el 87 por ciento del costo acumulado de la crisis financiera 1994-1995, mientras que el Programa de Apoyo a los Deudores representó un costo de 172 mil 500 millones de pesos que significó el 13 por ciento del costo total”.
También se suma la revisión de la Cuenta Pública 2005, de donde se desprende que, de 17 acciones emitidas por la ASF al IPAB, sólo una ha sido atendida, quedando en proceso las 16 restantes, equivalentes a 94.1 por ciento de las acciones emitidas en ese ejercicio.
Con tales evidencias, la secretaria ejecutiva del instituto aceptó con desgano las recomendaciones que le hizo llegar la Comisión de Vigilancia, con la intención de terminar con el ambiente de opacidad entorno a la venta de activos y cartera vencida.
Evitar pactos anticipados
La relación de 16 recomendaciones establece que en los procesos subsecuentes de venta de bienes se evite pactar anticipadamente la contratación de terceros especializados, porque constituye una restricción para elegir la mejor opción en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y con la finalidad de dar transparencia a los procedimientos y asegurar las mejores condiciones para el IPAB y en consecuencia para el Estado.
“Que en los procesos subsecuentes de venta de bienes se implementen los mecanismos necesarios para que la contratación de terceros se realice sin excepción mediante concursos por licitación, a fin de asegurar las mejores condiciones para el IPAB y para el Estado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y con la finalidad de dar transparencia al procedimiento y asegurar los criterios de economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia y honradez”.
Además en el cuerpo de recomendaciones se incluye la obligatoriedad para que en los procesos subsecuentes de venta de bienes se implementen los concursos de licitación a contratación de terceros, y en los contratos se establezcan cláusulas que señalen sanciones cuando se presenten errores en la prestación de servicios y en general por incumplimiento a fin de evitar su recurrencia.
“Para que en los procesos para la determinación de valores de referencia garantizados se seleccione la propuesta con el valor más alto, con la finalidad de dar transparencia a los procedimientos que garanticen las mejores condiciones para el IPAB y para el Estado”.