Sólo las priístas defienden al gobernador de Puebla
En juego, la credibilidad de la Corte, advierten senadoras
Ante el pleno del Senado, legisladoras de PRD y PAN advirtieron que la decisión de la Suprema Corte sobre el caso Lydia Cacho cobra especial relevancia porque está de por medio que no se violen los derechos de la periodista y la credibilidad de las autoridades y las instituciones del país.
En tanto, las fracciones del PRI en ambas cámaras defendieron al gobernador de Puebla, Mario Marín. El coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, dijo que “sería muy delicado que la Corte sustente un dictamen en lo que está probado que es inconstitucional e ilegal”.
En el Senado, el coordinador de los legisladores del PRD, Carlos Navarrete, dijo que comparte la ponencia del ministro Juan N. Silva Meza y confió en que haya sanción jurídica y moral hacia un gobernador “que violó la ley y los derechos de Lydia Cacho, que se confabuló con un empresario y puso al servicio de un particular, acusado de graves delitos, el aparato de justicia de Puebla, y se realizó una conspiración contra Lydia Cacho, con carácter criminal”.
Destacó que sería gran avance para el país que se determinara la responsabilidad y se obrara en consecuencia. “Un gobernador no podría ejercer ni legal ni moralmente el cargo después de que la Suprema Corte determinara que es un violador grave de derechos constitucionales”.
En el pleno, al hablar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora por el PRD Claudia Corichi aseveró que el Poder Judicial debe asumir el compromiso de hacer cumplir la ley y garantizar que los derechos de las mujeres sean plenamente respetados, y que los actos que atenten contra estos derechos sean sancionados conforme a la ley, sin importar que el infractor sea una figura pública, un funcionario o un ciudadano común.
La senadora por el PAN Blanca Judith Díaz Delgado dijo que otro ejemplo de la violación de los derechos humanos de las mujeres lo constituye el caso de la periodista Lydia Cacho, en el estado de Puebla, “donde se movió todo un aparato gubernamental al servicio de un gobernador para tratar de acallar la voz que denunciaba uno de los más detestables crímenes sociales: la pederastia, lo que acaba con la vida de muchos niños y jóvenes de nuestro país. Y en este tema sólo se había obtenido impunidad, pero lo más triste, quizá, es el olvido de la sociedad”.
En la Cámara de Diputados, la determinación de la Corte de investigar la actuación de Mario Marín en el caso Lydia Cacho polarizó las opiniones. Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI, refirió que Mario Marín, como gobernante proveniente de su partido, obliga a los priístas a defenderlo siempre y cuando no cometa ningún exceso.
–¿Considera que cometió excesos?
–Hay que ver lo que diga la Corte.
Gamboa manifestó absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial: “la Suprema Corte tiene enorme autoridad moral. Hay que esperar a ver cuál es su dictamen. No nos podemos adelantar ni juzgar a nadie”.
A su vez, el diputado por el PRD Juan Guerra Ochoa asumió con precaución el posible fallo del máximo tribunal. Si la Corte resolviera que se cometieron ilícitos y se violaron derechos humanos, Mario Marín debe ser sujeto a juicio político y separado de su cargo. Pero si declarara que no hubo nada, con todo y evidencias, sería una mancha y abonaría a la idea de que cuando la Corte interviene ante algún poder actúa más por cálculo que por otra cosa”.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Cristian Castaño, refirió que, en caso de darse, tocará al Poder Legislativo actuar contra Marín. “Es una resolución que no tiene precedente… en caso de juicio político compete al Congreso de Puebla, y la declaración de procedencia se da para quitarle el fuero a una persona cuando es inminente la responsabilidad penal declarada por un órgano averiguador, que es el Ministerio Público, y en este caso no se ha cumplido esta disposición porque apenas es una investigación”.