La Ssa debería vigilar el respeto de los derechos humanos de grupos vulnerables, aseguran
Condenan activistas propuesta de volver obligatoria la prueba del sida
El señalamiento de José Ángel Córdova contraviene la NOM sobre prevención y control del mal, declaran
Los exámenes forzosos no funcionan, debe impulsarse la prevención: CNDH
El Estado no puede suplir las decisiones que deben tomar los individuos, afirma el organismo
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Activistas y pacientes con VIH-sida señalaron que las pruebas para detectar el mal deben ser voluntarias y confidenciales. En la imagen, protesta de seropositivos en Paseo de la Reforma por el desabasto de fármacos
Foto: Archivo La Jornada
León, Gto., 29 de noviembre. Un rechazo unánime de activistas, hombres y mujeres que viven con VIH/sida, trabajadoras sexuales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), provocó la opinión del secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, respecto de que en algunos casos se debe realizar de manera obligatoria la prueba de detección de la enfermedad.
Las organizaciones civiles exigieron al funcionario que rectifique y se retracte de su declaración, porque ningún gobierno puede volver a plantear el tema. Más bien, dijeron, debería hacer respetar los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales, a quienes en los hechos, autoridades municipales del país los obligan a realizarse el examen clínico en contra de su voluntad, a pesar de que con ello se contraviene la Norma Oficial Mexicana 010 sobre prevención y control de la epidemia.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por ejemplo, cada semana, las trabajadoras sexuales pagan 250 pesos a los servicios de salud estatales por la prueba, pero si quieren “exentar” el requisito tienen que desembolsar 500 pesos, los cuales entregan al director de la zona de tolerancia en esa ciudad, aseguró Oyuki Ávila, del Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (Cifam).
Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/sida de la CNDH, resaltó que las pruebas obligatorias de detección del mal no sirven para nada. Lo que se requiere para detener el crecimiento de la epidemia en el país es “impulsar la educación sexual; difundir la información científica y objetiva sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad, y sensibilizar a las personas sobre el posible riesgo en que se pueden encontrar a causa de sus prácticas sexuales”.
La única excepción que reconoce la norma es cuando existe una orden judicial, en el caso, por ejemplo, de la investigación de delitos sexuales y para asegurar que la víctima no fue contagiada de alguna enfermedad. En ningún otro caso se puede exigir el examen, subrayó.
Recordó, además, que existe el periodo conocido como de “ventana”, en el que a pesar de que la persona sea portadora del virus, puede pasar desapercibido en el laboratorio. Por ello y porque viola los derechos humanos, es inviable incluirla entre los requisitos para contraer matrimonio ni como control sanitario.
En entrevista, el funcionario puntualizó que el Estado no puede suplir las decisiones que deben tomar los individuos en ejercicio de su libre albedrío. Más bien, dijo, les debe proporcionar las herramientas a fin de que puedan tomar sus propias decisiones.
Además, “es ingenuo pensar que en una relación de pareja la vida sexual empieza cuando se corta el listón el día del matrimonio civil. Muchas parejas ya tienen una vida en común previa”, y recordó el reciente caso de Chihuahua, donde se pretendió negar la realización del trámite civil a una pareja –uno de cuyos miembros vive con VIH/sida– que llevaba una convivencia de 12 años.
Respecto de las y los trabajadores sexuales, mencionó que reportan una de las más bajas prevalencias de la infección por VIH. Obligarlos a practicarse el examen sólo genera una “falsa seguridad” de protección y favorece la extorsión policiaca.
A su vez, Hilda Esquivel, presidenta de la organización Mexicanas Positivas por la Vida, señaló que si bien la epidemia está aumentando entre las mujeres y se habla de la feminización del mal, no se trata de que “se nos utilice y nos conviertan en víctimas” y tampoco, agregó, deben buscarse culpables. La prueba de detección debe ser voluntaria, subrayó.
Del total de casos de sida registrados en el país, 115 mil 651 –17 por ciento son mujeres–, en su mayoría infectadas por vía sexual.
Más tarde, una vez que trascendió entre los congresistas la declaración que hizo el secretario Córdova, durante una entrevista de prensa al término de la ceremonia inaugural, integrantes de organizaciones civiles organizaron una conferencia de prensa en la que rechazaron cualquier posibilidad de que se institucionalice la obligatoriedad de la prueba de detección del VIH.
“Y tan bien que iba, pero dio un pasito para adelante y 10 para atrás”, señaló Juan Jacobo Hernández, del Colectivo Sol. Le exigió al secretario que rectifique, “porque (esa opinión) no va a pasar”.
A su vez, Arturo Díaz, de Mexsida, comentó que ni en Cuba, donde en los primeros años se realizó una detección obligatoria, se mantiene una medida como ésta.
En todos los tonos, los activistas señalaron que México ha firmado compromisos internacionales, entre los que se encuentran el de garantizar la voluntariedad de la prueba, su confidencialidad y el respeto a los derechos humanos de las personas.
En tanto, hoy mismo, se reunió en la ciudad de México el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, y por unanimidad aprobó el proyecto de modificación de la NOM 010, en el que se confirma que como medida de control, la prueba de detección del VIH no se solicitará como requisito para contraer matrimonio, obtener empleo o acceder a bienes y servicios de cualquier tipo.
Además, se debe regir por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad. Debe ser voluntaria y es obligación de los servicios de salud ofrecerla a todas las personas.