Usted está aquí: sábado 1 de diciembre de 2007 Ciencias Argentina: aprueba una provincia ley de muerte digna

Argentina: aprueba una provincia ley de muerte digna

Afp

Buenos Aires, 30 de noviembre. La legislatura de la provincia argentina de Río Negro aprobó una inédita ley de “muerte digna”, que autoriza a enfermos terminales a rechazar tratamientos médicos traumáticos que prolonguen su vida, aunque sin permitir la eutanasia, según una fuente parlamentaria.

La ley fue sancionada la noche del jueves por la Legislatura (parlamento provincial) de Río Negro, que la examinaba desde mediados de año, momento en el cual estalló un fuerte debate que incluyó el rechazo de la Iglesia católica, culto mayoritario en Argentina.

“La muerte digna no debe confundirse con la eutanasia, que es la muerte inducida del paciente; se trata de poner límites terapéuticos para continuar (con los tratamientos) o no iniciarlos cuando prolongan innecesariamente la vida de un enfermo terminal”, dijo la legisladora oficialista Marta Milesi, autora de la iniciativa.

Única con legislación

La norma jurídica de la eutanasia, que permite la muerte provocada clínicamente, no existe en este país, aunque tampoco ninguna de las 23 restantes provincias argentinas tiene una legislación que autorice la llamada “muerte digna”.

Los únicos antecedentes de permisos para una “muerte digna” en el país fueron por decisión de la justicia ante una demanda particular.

La nueva norma permitirá a los pacientes rechazar todo tipo de tratamiento que les produzca sufrimiento o dolor, pero sólo en el territorio de Río Negro, provincia de la extensa Patagonia, al sur del país.

“La ley permite la participación de la familia; ésta deberá tomar la decisión junto al médico, lo cual representa un gran avance”, dijo a la televisión Carlos Gherardi, director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

La provincia rionegrina tiene unos 450 mil habitantes, cuya principal fuente de ingresos proviene de la agroindustria, las exportaciones de materias primas agrícolas, el empleo público y el turismo.

 
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