El ombudsman poblano, cercano a Marín, la presionó para que desistiera de su denuncia
Lydia Cacho siempre sostuvo que fue víctima de maltrato y tortura sicológica
La resolución de la Corte tomó en cuenta la versión de la CEDH, mas no la de la periodista
La periodista Lydia Cacho nunca declaró, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla ni ante ninguna otra instancia, que “no recibió maltratos” durante las 20 horas que estuvo en manos de la Policía Judicial en el trayecto de mil 500 kilómetros desde Cancún y las otras 30 que permaneció en los separos de la procuraduría estatal, primero, y en el penal San Miguel, después, el 17 y 18 de diciembre de 2005.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuatro semanas después recibió la denuncia de Lydia Cacho por la detención ilegal y violenta de las autoridades poblanas y por las presiones que ejerció un visitador de la CEDH para que firmara un texto afirmando que “no fue maltratada”, confirmó que no existe ningún documento “suscrito por la quejosa” en el que conste un “cambio de versión” de la periodista: sus denuncias sobre el maltrato y la tortura sicológica fueron consistentes en todo momento.
Lo único que la escritora firmó fue un acta circunstanciada de la CEDH, en la que le notifican la solicitud de medidas cautelares. Esta acta forma parte del expediente que integró el ministro Juan Silva Meza en su investigación.
En la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado jueves seis ministros votaron en contra del dictamen que documentaba “la concertación ilegal” que atentó contra la periodista y echaron por tierra la posibilidad de que el gobernador Mario Marín responda ante la justicia por haber fraguado la detención de Cacho como una venganza personal solicitada por el empresario Kamel Nacif, protector del presunto pederasta Jean Succar Kuri, jefe de una red de pornografía y prostitución infantil.
Argumentaron que Cacho “aseguró” a la CEDH que no había sufrido tortura, presión o incomunicación. Se apegaron al dicho del ombudsman poblano, Manuel Cándido Flores Mendoza, abogado cercano al gobernador Marín Torres.
Basado únicamente en este testimonio, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano sostuvo que “consta” que cuando la CEDH le preguntó a Lydia Cacho –estando detenida– si había sido golpeada o torturada, ella “dijo que no”, y que ya estando libre “cambió su versión”.
A ello, la escritora comentó en entrevista: “Sí, dije que no me golpearon, porque es cierto. Yo nunca he mentido y lo sabe el juez Aguirre. No me golpearon, me torturaron sicológicamente. Me maltrataron y me amenazaron con una pistola. Eso nunca lo negué y lo he denunciado ante varias instancias”.
Lo que sí recuerda claramente es al funcionario de la comisión estatal que se presentó en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla el 17 de diciembre de 2005. Después de un trayecto de 20 horas sola en un auto con dos policías judiciales que en varias ocasiones la amenazaron con una pistola, fue entregada por los agentes enviados a detenerla a Cancún a otros elementos de la misma corporación.
Sin permitirle hablar con sus familiares y su abogada, a quienes alcanzó a ver de lejos, fue introducida a un cuarto-cámara de Gessel. Tras ella entró un hombre fornido que le dijo: “Le van a dar una lección, para ver si quiere seguir escribiendo mentiras”, según relata en su nuevo libro, Memoria de una infamia.
En ese momento irrumpió otro hombre, que se presentó como José Adolfo Montes Pérez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla. Sigue el relato de Cacho: “No me pregunta, sino afirma que fui muy bien tratada por la policía y que debo firmar un documento. Aterrada y sin entender cabalmente lo que sucede, me negué”.
Los custodios vuelven a tomar a la detenida de los brazos y la llevan a otro cuarto. Es la oficina del director de la Policía Judicial, Alfonso Karam. Ahí está, nuevamente, el visitador de la comisión estatal. La presiona para que firme. “El sujeto me dice que me veo muy bien, que no parece que fui maltratada”. Alcanza a ver una hoja en blanco con el logotipo de la CEDH poblana.
Horas después, luego de pagar una fianza de más de cien mil pesos, fue liberada. Afuera, entre la gente que la recibe, se encuentra el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González. “Por favor –le pide Lydia–, quítame a este tipo (Montes Pérez) de encima. A fuerza quiere que le firme una declaración de que no fui torturada”.
En sus primeras declaraciones a la prensa, ese mismo día, Lydia Cacho denunció el maltrato y la tortura sicológica. El 13 de enero, ante el visitador de la CNDH José Juan Alonso, formalizó su queja. A pesar de todo, el ombudsman poblano, reconocido por su cercanía política con el gobernador Mario Marín, afirmó todo lo contrario y su dicho pesó más que toda la investigación.