El recurso le permitirá permanecer en el país al menos los próximos 12 meses
Conceden amparo a Mario Villanueva en el proceso de extradición a EU
Los abogados del ex gobernador de Quintana Roo argumentan que en el vecino país se pretende enjuiciar al acusado de narcotráfico, pero en México ya fue absuelto por ese delito
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, obtuvo ayer una suspensión definitiva en vía de amparo que le garantiza permanecer en territorio mexicano al menos un año, tiempo que se prevé dure el juicio de garantías de fondo con el que busca obtener su libertad y evitar su extradición a Estados Unidos.
El juzgado segundo de distrito en materia de amparo con sede en la ciudad de México le concedió dicha suspensión hasta tanto no exista un fallo definitivo e inapelable que decida sobre su entrega al vecino país. Por lo pronto no podrá ser movido del Reclusorio Norte, donde se encuentra preso desde julio pasado.
Marta Llamilé Ortiz, titular de ese juzgado dio, por ahora, la razón a Mario Villanueva Madrid, quien deberá demostrar durante el juicio de garantías que no se cumplieron los requisitos legales para que sea otorgada la extradición a Estados Unidos.
Como se recordará, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York requiere en extradición al ex funcionario priísta para que sea juzgado por el delito de narcotráfico.
Se trata de una acusación que se sustenta en hechos por los que ya fue juzgado y absuelto en tribunales mexicanos. En Estados Unidos no se le fincó el delito de lavado de dinero, sino únicamente contra la salud. En México sólo fue encontrado culpable de operaciones con recursos de procedencia ilícita, razón por la cual sus abogados alegan que se está aplicando en contra del extraditable el principio de la doble incriminación, lo cual está prohibido por la Constitución.
Gane o pierda el amparo, en primera instancia, Villanueva Madrid y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrán la posibilidad de impugnar el fallo ante un tribunal colegiado.
En caso de que el priísta alegue la inconstitucionalidad de la Ley de Extradición Internacional o el Tratado de Extradición con Estados Unidos, su juicio podría llegar a la Corte, lo que alargaría el caso al menos un año.