Vapulean al ex magistrado electoral por avalar el “fraude” en los comicios presidenciales
Desfilan Roccatti, Ojesto y Merino en la pasarela de aspirantes al IFE
Imputan a ex consejero y profesor del CIDE haber obtenido beneficios de la SFP
Al presentarse ante la Comisión de Gobernación que evalúa a los candidatos a consejeros electorales, Mireille Rocca-tti, ex presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que de haberse abierto los paquetes de votos en 2006 no se habría violentado la privacidad de los ciudadanos, ya que, como el sufragio es secreto, “la boleta no lleva registrado un nombre y, por tanto, no tiene identidad”.
Saludó el hecho de que en la reforma electoral se considere la apertura de los paquetes cuando exista menos de un punto de diferencia entre los dos principales contendientes, ante lo cual “en ningún momento podría pensarse que se violaría el secreto del voto, porque no se sabe a quién perteneció esa boleta”.
Los comicios presidenciales del año pasado y las posibles irregularidades fueron parte sustancial de las preguntas que se hicieron a los aspirantes a consejeros, entre ellos –por la tarde– al ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Fernando Ojesto Martínez Porcayo.
Layda Sansores, diputada de Convergencia, le recriminó que haya sido uno de los responsables de avalar el “fraude con una resolución a la que sigo considerando un bodrio”.
El ex magistrado replicó que los integrantes del tribunal fueron muy cuidadosos y responsables con la resolución que derivó en la validez del proceso de 2006. “Actuamos con gran esmero y escrúpulo. Fuimos exhaustivos en el proceso, aunque tal vez no recogimos todos los argumentos jurídicos, pero actuamos con responsabilidad. Los integrantes del tribunal electoral estábamos dispuestos a abrir todos los paquetes si se hubiera acreditado que hubo fraude, pero no fue así”.
El diputado perredista Salvador Ruiz Sánchez resaltó que la historia de Ojesto “lo coloca con una sombra de parcialidad”, y recordó que el magistrado atribuyó los errores en el cómputo electoral a que el pueblo de México no sabe contar.
Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, Gerardo Villanueva Albarrán, pidió participar para hacer una pregunta a Ojesto. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, le impidió intervenir, por lo que el legislador perredista se retiró molesto.
“Me voy en protesta –declaró–; es una vergüenza que este señor esté aquí. Es uno de los magistrados que reconocieron que hubo elementos de violación electoral del ex presidente Vicente Fox y empresas privadas, pero que argumentaron que no podían vincularlas con el resultado de los comicios. Es una farsa que esté aquí un magistrado que avaló el fraude, una vergüenza que se presente como si nada. Estamos cambiando a los consejeros por el desaseo y ahora viene un magistrado que avaló el despojo”, afirmó.
Nuevamente Ojesto aseguró que si “a alguien pudiera ponerse bajo sospecha es al pueblo de México, porque 80 por ciento de las actas de la elección presidencial fueron mal llenadas. Fue una desgracia nacional dolorosa, verdaderamente dolorosa”.
Merino quiere la presidencia
Al mediodía, al presentarse ante el grupo de trabajo de la Comisión de Gobernación, el ex consejero electoral Mauricio Merino Huerta afirmó que sólo aceptaría el cargo de presidente consejero electoral del IFE, y no de un consejero más. “Estoy aspirando a la presidencia del Consejo General, porque ya fui consejero”, argumentó.
Durante su comparecencia, la diputada Valentina Batres Guadarrama le preguntó cuántos contratos ha obtenido de la Secretaría de la Función Pública como profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Merino aseguró que ninguno. Sin embargo, la legisladora del PRD hizo público un convenio firmado por el ex secretario de la Función Pública Germán Martínez Cázares y el director general del CIDE, Enrique Cabrero, el 16 de marzo pasado, en el cual participa el propio Merino Huerta, estudio que tuvo un costo total de 2 millones de pesos, de los cuales se entregó 50 por ciento a la firma del documento.