Usted está aquí: lunes 10 de diciembre de 2007 Capital Inundan el DF de casetas telefónicas ante las lagunas en la ley para regularlas

Es un tema en el que tradicionalmente nadie se ha metido: funcionario de A. Obregón

Inundan el DF de casetas telefónicas ante las lagunas en la ley para regularlas

Miles aparecen de la noche a la mañana sin pagar los espacios que ocupan en la vía pública

Josefina Quintero M.

Ampliar la imagen La falta de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha propiciado que las empresas telefónicas instalen de forma desmedida casetas en toda la ciudad, y sin pagar los derechos por el uso del espacio en la vía pública La falta de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha propiciado que las empresas telefónicas instalen de forma desmedida casetas en toda la ciudad, y sin pagar los derechos por el uso del espacio en la vía pública Foto: Yazmín Ortega Cortés

Sin ninguna regulación, lineamiento o permiso del Gobierno del Distrito Federal, empresas telefónicas han usufructuado la vía pública en la ciudad de México, a pesar de estar obligadas por la ley a pagar los espacios que ocupan las cabinas instaladas en las 16 delegaciones políticas. La lista la encabeza Teléfonos de México, de Carlos Slim; sin embargo, en los años recientes otras empresas han aumentado su presencia y, por consecuencia, el número de casetas que de la noche a la mañana aparecen en las calles de la ciudad.

El crecimiento desproporcionado, según autoridades delegacionales, se origina por la falta de control, el cual depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependencia encargada de la regulación de la vía pública. La situación ha sido aprovechada por las telefónicas para ampliar su negocio en todo el territorio de esta capital.

Jorge Pérez Rodríguez, director Jurídico y de Gobierno en Tlalpan, reconoció el aumento en las instalaciones referidas, pues tan sólo en la jurisdicción “tenemos un registro de 994 casetas de 16 empresas, sin contar las instaladas por Teléfonos de México”. Para el funcionario, Telmex, quien tiene el mayor número de cabinas no sólo en el territorio delegacional sino en todo el Distrito Federal, es un asunto de gobierno central, “tengo entendido que hay un juicio de amparo y hasta que se resuelva nosotros no podemos actuar; por eso no nos metemos con las de Telmex”.

Señaló que Teléfonos de México tiene un adeudo considerable: “desde la administración pasada no hay ingresos de Telmex. En 2002 interpusieron amparos que les fueron negados y hasta el momento no sabemos cuál es la resolución definitiva”.

Según el artículo 267 del Código Financiero del Distrito Federal, por cada caseta instalada en la ciudad las telefónicas están obligadas a pagar por el aprovechamiento de la vía pública 179 pesos con 65 centavos por semestre.

Además, deben cumplir con una serie de requisitos previos a la colocación de la caseta, como son: permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecerse, operar y explotar la telefonía pública; contar con el dictamen técnico positivo expedido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF; así como el permiso temporal revocable que otorga la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

A estos deben agregarse el acta constitutiva de la empresa de telefonía, las especificaciones de la cabina, los lugares donde solicitan la instalación y la identificación plena del representante legal, quien realizará los trámites mencionados; con ello se puede aprobar la operación. Una vez con el permiso, “si se quiere cumplir”, la empresa debe dar de alta la cabina telefónica ante la autoridad delegacional y realizar el pago correspondiente, que ingresa como autogenerado a la jurisdicción que corresponda.

Sin embargo, las empresas no siempre llegan a la delegación, reconoció Rodríguez Pérez, y se instalan de manera arbitraria. De las 16 telefónicas que hasta el momento tienen registradas en Tlalpan, “sólo cinco ya pagaron o están por hacerlo, porque hay muchas otras que no sabemos quiénes son los representantes, ni siquiera a quién dirigirnos”.

Descuido de la autoridad

La ausencia de sanciones y el no pago ha facilitado el camino para extender el negocio, propiciado por el mismo descuido de la autoridad. En la delegación Álvaro Obregón, por ejemplo, no se tiene programada ninguna medida que impida a las telefónicas el uso de la vía pública, porque es un tema “en el que tradicionalmente nadie se ha metido”, indicó el director de Jurídico y Gobierno, Jesús Lucatero Rivera.

El funcionario, señaló a Logitel como la única empresa de telefonía registrada en la delegación y reconoció que existen otras más, “independientemente de la tradicional Telmex”.

Añadió que Teléfonos de México tendría que estar bajo las mismas condiciones que cualquier otra empresa, “pero las casetas están desde que era una empresa del Estado. Seguramente hay más, pero no tengo la certeza de saber cuántas se han colocado”, apuntó el funcionario, quien señaló que tiene una larga trayectoria en el servicio público y desde siempre las cosas “así se han mantenido”.

Al ser cuestionado sobre si realizarían una revisión para determinar la situación, Lucatero Rivera indicó: “se tendría que partir del centro –gobierno central–, que es donde se aplica la normatividad”.

La situación se repite en todas las demarcaciones. En Iztacalco hay 949 casetas registradas; sin embargo, su titular, Erasto Ensástiga Santiago, manifestó que hay una cifra negra, que se traduce en una reducción de ingresos para los gobiernos delegacionales.

En la delegación Cuauhtémoc, donde se presume está el mayor número de casetas colocadas, un estudio presentado por el diputado perredista Tomas Pliego a la Asamblea Legislativa sobre algunos tramos de vialidades principales, como Paseo de la Reforma, Bucareli, Insurgentes, Chapultepec y la glorieta de Insurgentes, reporta que de mil 66 cabinas contabilizadas el costo anual por la instalación en la vía pública del conjunto es de 383 mil 157 pesos con 52 centavos, dinero que no ingresa al Gobierno del Distrito Federal.

Sobre las sanciones por los adeudos, manifestaron que puede llegar hasta el retiro de las casetas y el pago de una multa, previo a un proceso administrativo. Sin embargo, dijeron que hasta el momento se desconocen las sanciones específicas por el no pago del usufructo de la vía pública que durante años se ha realizado.

 
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