IFE y partidos políticos
Refiriéndose a los procesos de selección de consejeros electorales para el Instituto Federal Electoral (IFE), el diputado dirigente de la fracción priísta Emilio Gamboa, en entrevista concedida al conocido comunicador Joaquín López Dóriga, afirmó que en la Cámara de Diputados los representantes de la nación están siendo especialmente cuidadosos para que una vez en funciones en el IFE representen fielmente al pueblo de México, y no los intereses de los partidos políticos, y está bien que así sea ciertamente, sólo que nosotros pensamos que los partidos políticos modernos, por sí mismos, deben responder a las demandas y a las aspiraciones precisamente del pueblo de México.
Lo que queda claro de las declaraciones del diputado Gamboa es que en la actualidad no es así, sino que el nuevo IFE, constituido como se está haciendo actualmente, será la institución que represente los intereses de los mexicanos en general en los procesos electorales.
Dice Norberto Bobbio que “dar una definición de partidos políticos no es sencillo porque este fenómeno se ha presentado y se presenta con características notablemente diferentes, tanto desde el punto de vista de las actividades que desarrollan en lugares y tiempos distintos, como en términos de estructuración organizativa que asumen”. Por otra parte, hay una definición muy conocida de Max Weber sobre partido político, al que considera como una asociación dirigida a un fin deliberado, ya sea éste objetivo, como la realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, o de índole más personal, tendiente a obtener beneficios y poder para los jefes o dirigentes, y se da el caso de que este tipo de organizaciones políticas se dedique a ambas finalidades.
Nosotros pensamos que los partidos políticos modernos deben esforzarse por que su lucha en los procesos electorales sea orientada fundamentalmente por sus declaraciones de principios y sus programas de acción derivados de ellas y que la selección de candidatos corresponda a las demandas y a las aspiraciones de progreso de sus partidarios y de sus participantes, ajustados a una interpretación de la realidad nacional, según corresponde a la ideología de cada partido político, más que a los intereses personales de los jefes, los dirigentes y la membresía de estas instituciones que de esta manera juegan el papel de estructuras sociales, de intermediación entre el poder público y la sociedad, y no de agentes o gestores de intereses difícilmente legitimables desde la óptica del pueblo en general.
No hay que olvidar que los partidos políticos aparecen por primera vez históricamente en los primeros países en adoptar las formas de gobierno representativo y que con el tiempo, a medida que las luchas políticas se van concretando e identificando con esta forma de gobierno, se ha ido configurando la presencia de los representantes del pueblo, y que en la medida en que la vida política se han ido democratizando, sectores cada vez más amplios de la sociedad civil se han identificado con los sistemas políticos que detenta el poder, dándole de esta manera más legitimidad al ejercicio del poder público.
Acudiendo nuevamente a Norberto Bobbio citaremos lo que dice al respecto: “en términos generales puede decirse que el nacimiento y el desarrollo de los partidos está vinculado al problema de la participación, es decir, al progresivo aumento de la demanda de participar”, más activamente y con una más clara representación popular en el proceso de formación, tanto de las decisiones políticas como de las leyes mismas, lo cual es precisamente el caso que acabamos de citar de la integración del nuevo IFE, que en nuestra opinión debe representar tanto a la sociedad en general como a los partidos políticos, a los que representarán en sus funciones como consejeros, a menos que cambien el sentido de identificación con los partidos políticos, y –agregaríamos nosotros– con sus declaraciones de principios, y desde luego que no, en lo absoluto, con los intereses individuales de los jefes y los dirigentes de los mismos. Es decir, que de esta manera habrá un acercamiento progresivo con los intereses más generales de la sociedad y una mayor legitimidad en la representación que habrán de ostentar en la máxima institución electoral del país.
Las transformaciones profundas que vive nuestro país en la actualidad, de orden tanto económico como social, generan por supuesto también profundas transformaciones en el sistema político y en las estructuras del poder, y en estos momentos de crisis nada mejor que acudir a las fuentes originales, muy principalmente a la Constitución General de la República, en los que se establece con toda claridad la definición de los diputados al Congreso de la Unión como representantes de la nación y es por lo tanto esencial que éstos, los diputados, se apeguen fielmente a esta definición, que es lo que da legitimidad a su representación en el escenario político del país.
Es evidente que no pueden dejar de actuar conforme a los intereses ideológicos que configura la función operativa en el seno de la Cámara de Diputados, donde se agrupan por fracciones partidarias, pero aquí nuevamente volvemos a como iniciamos este artículo, e insistimos en que los partidos políticos a su vez deben representar fielmente los intereses más generales de la sociedad, indudablemente interpretados a través de la óptica de la ideología que los llevó al Congreso, y que debe ser la esencia de la lucha política para que de esta manera el Ejecutivo federal pueda hacer la composición de fuerzas políticas, para que éste a su vez actúe sin vicios ni deformaciones según la resultante del sistema general de fuerzas políticas que actúan en la nación y que configuran el sistema del poder público.