Ojarasca 128 diciembre 2007
La idea de la “transición democrática” que presuntamente atraviesa México, y que según la clase política ya culminó y llegamos al ansiado puerto, soslaya que los cimientos de la “nueva” democracia están podridos, lo cual infunde un creciente y generalizado desencanto ciudadano. Partidos, empresarios nacionales y extranjeros y grandes consorcios de comunicación quieren convencernos de que transitamos hacia un régimen social más justo, donde florecen acuerdos, igualdad de oportunidades, transparencia, participación democrática y otras “virtudes”. Claro, quién si no ellos usufructa los recursos económicos y naturales, los instrumentos de propaganda y la “administración” de las leyes (a su vez, y a fuerza de reformas “estructurales” del neoliberalismo, cada día más contrarias a los intereses del pueblo mexicano en materia económica, de seguridad, derechos laborales y la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la soberanía nacional).
¿Qué tenemos? Una presidencia ilegítima, un Congreso de la Unión que negocia y cabildea complicidades con el Ejecutivo y el gran capital (banca, empresas transacionales, televisoras), y un poder judicial cada día más en contra de la gente y la verdadera justicia pues fortalece la ilegalidad “con la ley en la mano”. Súmese un discutible sistema electoral, mezcla de mascarada democrática y grandes sumas de dinero para los partidos y la propia burocracia del Instituto Federal Electoral. Cada día más lejos de los ciudadanos, el monopolio de la política y el juego partidario medra de un aparato que ha perdido la credibilidad que pudo tener.
Son alarmantes la debilidad y la falta de autonomía del poder judicial, que no ha permitido la aplicación de verdadera justicia por los crímenes de Estado del pasado (Tlatelolco, guerra sucia, la masacre de Acteal), ni está a la altura de los desafíos presentes: los derechos de los pueblos indígenas, los presos políticos (Atenco es el caso más patético), las demandas contra los lamentables gobernadores de Oaxaca y ahora Puebla. ¿Quién quieren que crea en los jueces, los legisladores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Electricidad (casos La Parota en Guerrero y la inundación criminal de Tabasco y Chiapas), o el presidente Felipe Calderón?
En tanto, se somete a la nación a los intereses militares y estratégicos de Washington, se desnacionalizan el agua de los ríos y la energía de las hidroeléctricas, se malbaratan las minas a empresas canadienses y nada parece detener al gobierno en la entrega de nuestro petróleo al mejor postor estadunidense o español. Lo peor es que el descrédito de las instituciones, corroídas por la corrupción y el narcotráfico a la sombra de un gobierno ilegítimo, ultraconservador y autoritario, puede conducir a una catástrofe dictatorial que los de arriba podrían no resentir pero que abajo ya cala: despojos, desalojos, represión.
¿Quién dijo democracia?