Usted está aquí: martes 11 de diciembre de 2007 Mundo Rechaza la Casa Blanca hablar sobre la destrucción de videos de la CIA

Identifican al agente que ordenó desaparecer las cintas

Rechaza la Casa Blanca hablar sobre la destrucción de videos de la CIA

Afp y Pl

Washington, 10 de diciembre. La Casa Blanca informó hoy que no responderá preguntas sobre la destrucción que hizo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de videos de interrogatorios a sospechosos de terrorismo, al tiempo que trascendió que José Rodríguez, ex jefe del Departamento de Servicios Clandestinos, fue quien ordenó la destrucción de las cintas.

La vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que los abogados del presidente estadunidense George W. Bush pidieron que no se hagan comentarios mientras el Departamento de Justicia y la CIA se encuentren involucrados en la controversia. Opositores demócratas y grupos de derechos humanos denunciaron la decisión.

Los videos, grabados en 2002, habrían mostrado la dureza de interrogatorios contra Abu Zubaydah y Abd Rahim Nashiri, dos de los primeros sospechosos interrogados por la CIA luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El director de la CIA, Michael Hayden, quien no estaba a la cabeza de la agencia cuando fueron destruidas las cintas, dijo que hacerlo era necesario para evitar que se filtraran al público y quedaran expuestas las identidades de funcionarios de la CIA.

Por lo pronto, trascendió que el funcionario que emitió la orden directa para destruir los videos en noviembre de 2005 fue José Rodríguez, entonces jefe del departamento de servicios clandestinos, conocido como Directorio de Operaciones.

Oficiales subordinados a Rodríguez confesaron que dos años antes abogados vinculados al Departamento de Justicia indicaron la necesidad de conservar las grabaciones, pero entonces, presuntamente, la CIA incumplió una ordenanza federal, señalaron expertos.

Grupos de derechos humanos cuestionan la legitimidad del proceso y afirman que la CIA cometió un delito típico de obstrucción de la justicia para encubrir sus sistemas de torturas y coerción contra detenidos.

El cerco sobre la institución federal se completa con indagaciones del Senado y comités de la Cámara de Representantes, donde Silvestre Reyes, un demócrata de Texas, exigió la participación del fiscal general, Michael Mukasey.

Importantes directivos de la CIA, entre ellos el ex asesor judicial John Rizzo, fueron citados para audiencias y reuniones aclaratorias en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia a lo largo de esta semana.

Por otro lado, Lewis Scooter Libby, ex brazo derecho del vicepresidente Dick Cheney condenado por obstrucción de la justicia y beneficiado por una medida de gracia parcial de Bush, renunció a la apelación, anunció su abogado, Theodore Wells.

Libby fue declarado culpable en marzo de obstruir la justicia, falso testimonio y perjurio en un caso vinculado a la invasión de Irak, y condenado en junio a dos años y medio de cárcel y 250 mil dólares de multa.

 
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