Usted está aquí: miércoles 12 de diciembre de 2007 Estados Negocian la liberación de 43 activistas en Guerrero

Mantendrán en Ayotzinapa licenciatura en primaria

Negocian la liberación de 43 activistas en Guerrero

Acuerdan revisar casos que datan del gobierno de Figueroa

Deja entrever Zeferino Torreblanca posibles destituciones

Misael Habana de los Santos y Sergio Ocampo (Corresponsales)

Ampliar la imagen Alrededor de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México bloquearon más de una hora la Autopista del Sol en rechazo a la propuesta del secretario de Educación de Guerrero de otorgar plazas de maestros a través de un examen del Centro Nacional de Evaluación. Mientras, la Coordinadora de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero, que aglutina a cerca de 600 maestros de las nueve normales públicas de la entidad, anunció la formación de un frente por la defensa de la normal de Ayotzinapa. Su primera reunión será el próximo sábado en ese plantel Alrededor de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México bloquearon más de una hora la Autopista del Sol en rechazo a la propuesta del secretario de Educación de Guerrero de otorgar plazas de maestros a través de un examen del Centro Nacional de Evaluación. Mientras, la Coordinadora de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero, que aglutina a cerca de 600 maestros de las nueve normales públicas de la entidad, anunció la formación de un frente por la defensa de la normal de Ayotzinapa. Su primera reunión será el próximo sábado en ese plantel Foto: Óscar Alvarado, con información de Sergio Ocampo Arista, corresponsal

Acapulco, Gro., 11 de diciembre. Representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo acordaron la revisión de 43 casos de luchadores sociales encarcelados desde el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, y conservar la licenciatura en primaria y el sistema de internado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

En la reunión, realizada la noche del lunes a puerta cerrada en el centro de convenciones de Acapulco, los opositores pidieron la destitución de los secretarios estatales de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, a quienes acusan de la represión de los normalistas de Ayotzinapa durante el desalojo del 14 de noviembre en el Congreso local.

En entrevista, miembros de la APPG indicaron que el gobernador se comprometió a revisar ambos casos y les dijo que ninguno de sus secretarios tiene asegurado el cargo. También informaron que el gobernador del estado y el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, firmaron los acuerdos.

Asimismo, se convino instalar mesas de trabajo con secretarios del gobierno estatal para atender las demandas de las organizaciones que integran la APPG. La representación estudiantil solicitó 100 mil pesos para el pago de los gastos médicos del normalista Óscar Cotino Molina, atropellado por un autobús durante el desalojo de la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol, el 30 de noviembre.

Nicolás Chávez Adame, vocero de la APPG y líder disidente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, dijo que también demandaron al gobierno estatal que se cancelen las órdenes de aprehensión contra él y Arturo Hernández Cardona, de la Unión Campesina Emiliano Zapata; Pedro Nava Rodríguez, dirigente de la colonia Lucio Cabañas, y Cándido Félix Santiago, dirigente indígena tlapaneco, todos presentes en la reunión.

El viernes se reunirán con Chavarría Barrera en palacio de gobierno para recibir respuesta a estas peticiones.

Otros representantes de la APPG que acudieron a la reunión son Benigno Guzmán Martínez, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero; Pablo Sandoval, luchador social a quien el Congreso local le negó la medalla Sentimientos de la Nación; Daniel Morales, dirigente de la colonia Ampliación Puerto Marqués, y Héctor Arroyo, de la comunidad de Xochipala.

 
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