Los senadores ven con reservas el proyecto legislativo
El sol azteca condiciona voto a acuerdo sobre relevo en el IFE
El grupo parlamentario del PRD en el Senado condicionará la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia al acuerdo sobre el nombramiento de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
La estrategia de la bancada perredista es frenar la reforma judicial una vez que llegue al Senado, como medida de presión para lograr que la elección del presidente del IFE y de dos consejeros más se lleve a cabo con criterios de transparencia, dado que en San Lázaro el PAN ha “vetado” a candidatos con trayectoria y prestigio, como el ministro Genaro Góngora Pimentel.
Mientras, los coordinadores del PAN y el PRI, Santiago Creel Miranda y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente, confiaron en que el próximo jueves la reforma pueda aprobarse durante una sesión doble.
Beltrones sostuvo que la reforma no es violatoria de derechos humanos, ya que se modificó la propuesta original de Felipe Calderón. “De ninguna manera se le darán potestades a policías o al Ministerio Público para que puedan allanar moradas sin orden judicial, y tampoco para que puedan intervenir llamadas telefónicas o arraigar personas a su capricho”.
Se deben dar garantías a la ciudadanía, pero también dotar a las instituciones de los instrumentos para combatir la delincuencia organizada, recalcó Beltrones.
Sin embargo, entre parte de los senadores de PRD y PT hay dudas sobre la reforma. Rosario Ibarra advirtió que se busca establecer un “Estado policiaco” y criminalizar la disidencia y la protesta.
Recordó que hace 30 años, sin orden judicial, la policía entró a su domicilio y golpeó a su marido hasta romperle la columna vertebral. Con la nueva reforma constitucional que se pretende aprobar, dijo, se legalizará la represión contra luchadores sociales, pues, advirtió, aunque los cateos son supuestamente en contra de narcotraficantes y otros criminales, “no sería raro que a líderes sociales les sembraran alguna sustancia en sus domicilios para incriminarlos”.
La preocupación de senadores del PRD es por la modificación al artículo 16 constitucional, toda vez que los “jueces de control”, encargados de dictar con celeridad órdenes de allanamiento, cateos o espionaje telefónico, comenzarán a operar en un plazo de ocho años.
Además de esas cuestiones sobre el contenido de la iniciativa, en el PRD hay la intención de frenar la reforma hasta que se resuelva el nombramiento de los consejeros del IFE. El tema lo discutieron ayer y se dejó en claro el desacuerdo con la postura del diputado panista Héctor Larios, quien, se dijo, pretende imponer a candidatos “de segundo nivel”, porque vetó a aquellos “con experiencia y reconocimiento”.
En la fracción del PRI también hay descontento. Ayer varios senadores se acercaron a su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, para demandar que no se permita al PAN imponer a Mauricio Merino al frente del IFE, toda vez que cuando fue consejero del instituto actuó en contra del tricolor.
Recordaron su actuación en el caso del llamado Pemexgate, resaltaron, cuando el IFE multó al PRI con mil millones de pesos.
Las comisiones dictaminadoras de la reforma judicial se reunirán mañana por la noche en el Senado.