Persisten fallas en las reglas para estaciones del INM
Una vez más, el proceso para la aprobación de las nuevas reglas para las estaciones migratorias se encuentra rezagado ante la denuncia de organizaciones no gubernamentales respecto a violaciones a los derechos humanos de los extranjeros alojados en esos centros.
Este diario difundió el domingo pasado las gestiones que realiza una decena de grupos civiles –incluidas dos representaciones de organismos internacionales– para revisar nuevamente el proyecto de normas elaborado por la Secretaría de Gobernación.
Grupos como Amnistía Internacional, Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez y el Fray Francisco de Victoria solicitaron una cita con el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), como alternativa para incidir en la redacción última del proyecto.
Los promotores de las defensas de las garantías básicas denuncian la existencia de violaciones serias a los derechos humanos en el anteproyecto difundido por Gobernación en octubre pasado.
Respecto de ese tema el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Florencio Salazar, informó que tras las denuncias en referencia realizarán una inspección del funcionamiento de las 48 estaciones que operan actualmente en el país.
Dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha emprendido diversas acciones en favor de los indocumentados alojados y, que en este sentido, se reunirán con la responsable de Sin Fronteras, sección México, Fabienne Vennet, el próximo jueves. “Vamos a revisar sus puntos de vista porque la información que tenemos del INM es en sentido contrario. De cualquier manera la instrucción que nos dio el secretario (Francisco Ramírez Acuña) es que hagamos una supervisión personal a las estaciones migratorias”.
Actualmente el proyecto de normas se encuentra en proceso de revisión en la Cofemer, instancia que ha recomendado diversos cambios al documento redactado en Gobernación desde el inicio de este sexenio.
Como se ha difundido las nuevas reglas incluyen una serie de requisitos para el ingreso de abogados, sacerdotes y defensores de derechos humanos que pretenden auxiliar a los migrantes.