Usted está aquí: lunes 17 de diciembre de 2007 Política Lleva 10 meses preso un activista que exige a los Fox restitución de tierras

Familiares de José Guadalupe Cruz intentaron negociar ayer con el ex presidente

Lleva 10 meses preso un activista que exige a los Fox restitución de tierras

Dirigente de ejidatarios exige devolución de 900 hectáreas del rancho San Cristóbal

Martín Diego Rodríguez (Corresponsal)

Rancho San Cristóbal, Gto., 16 de diciembre. Familiares del ex regidor perredista José Guadalupe Cruz Pacheco, quien permanece en la cárcel de San Francisco del Rincón desde hace 10 meses, acusado de despojo en contra de la familia Fox Quesada, pidieron este día hablar con el ex presidente para llegar a un acuerdo.

Los Fox “no han sido despojados de nada, pero han mantenido la denuncia en contra de nuestro pariente”, señalaron.

El pasado 8 de febrero, luego de casi una década de encabezar una lucha para recuperar 900 hectáreas de la ex hacienda San Cristóbal en favor de la comunidad, Cruz Pacheco fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, acusado de despojo y del supuesto robo de una cámara de video.

Ninguno de los dos delitos ha sido acreditado, pero el activista sigue detenido en la cárcel municipal, por lo que este domingo sus familiares pidieron platicar con Vicente Fox Quesada. “Que lo liberen, ya pasaron 10 meses y no hay avances del caso”, comentó su hermano Victorio Cruz Pacheco.

Familiares del ex regidor se presentaron ayer a la entrada de la finca de los Fox; fueron atendidos por un elemento del Estado Mayor Presidencial, quien se identificó sólo con el apellido Maldonado. “El asunto no está en manos del señor Vicente Fox, pero si quieren, luego que ande por aquí le pueden preguntar”, indicó el militar.

El hijo del ex regidor, Víctor Manuel Cruz Anguiano, pidió que se haga justicia. “Mi papá no despojó a nadie; hay documentos que revelan que los terrenos y la presa que están en la casa de Fox son de la comunidad. No existe ningún problema: mi padre está en la cárcel sin que haya quitado nada a nadie; queremos llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Pruebas del caso

En este litigio, los comuneros exigen la restitución de 900 hectáreas que hoy explotan los Fox. Argumentan que desde 1937 la familia del ex presidente se ha negado a entregar las tierras al ejido y mostraron un documento –fechado el 28 de diciembre de 1940– en el cual se muestra que José Luis Fox Pont Jr. (padre del ex mandatario) buscó ayuda de la embajada de Estados Unidos para evitar que los campesinos se beneficiaran con las tierras, contraviniendo un decreto del presidente Lázaro Cárdenas.

Firmado por el “administrador general” Francisco Alvarez Jr., el documento refiere los argumentos utilizados por Fox Pont para no pagar a la Tesorería del estado los derechos de la tierra y transcribe su alegato para solicitar protección de la embajada estadunidense:

“El 29 de octubre (de 1940) los ejidatarios de San Cristóbal y El Desagüe obtuvieron una orden para que se les dieran tierras, donde ellos quisieran, de lo que fue la hacienda de San Cristóbal. Dado que esa orden era contra toda razón, pues los ejidos están dados en planos aprobados –y de las fracciones que nos quedaron tenemos certificados–, entrevistamos al gobernador del estado y fuimos a la embajada americana (sic) en México, gracias a lo cual logramos que dicha orden no se llevara a cabo.

“Estando en situación tan anormal, no me conviene, como vulgarmente se dice, meter dinero bueno al malo, y ése es el motivo por el que no les he remitido las contribuciones”, dice la declaración de Fox Pont.

La familia de Cruz Pacheco pide justicia y considera que el proceso no está apegado a la ley. “Estamos pidiendo que se retracten de la demanda, porque mi padre no ha robado nada, no ha despojado a nadie, pues los señores Fox siguen explotando esas tierras y mi padre está en la cárcel”, argumentó Víctor Manuel Cruz Anguiano.

En mayo de 2006, más de 50 comuneros se enfrentaron a golpes con las fuerzas de seguridad del estado frente al rancho de los Fox. Los ejidatarios acusaron al entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks de avalar el despojo.

 
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