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Carlos Montemayor /III

Recordar Acteal

Acerquémonos ahora a otro aspecto esencial: los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal. Estos paramilitares se identificaron (y el Ejército y la policía del estado los identificaba previamente también así) como priístas. Decir priístas equivalía a afirmar: “Nosotros estamos con el gobierno, con la legalidad, con las instituciones, con la ley, y todos los que sean enemigos del gobierno son enemigos nuestros”. Esto implicaba que en la batalla contra sus enemigos y los del gobierno, las casas y las cosechas pasaran a su propiedad como botín de guerra. También, que los integrantes de los grupos paramilitares no veían su agresión como enfrentamiento intercomunitario, sino político: eran “bases fieles al gobierno”, entrenadas, protegidas y pertrechadas por el gobierno mismo.

La confirmación de que estos conflictos no eran intercomunitarios partía del tejido policiaco de su protección, formación y orientación. Dos ejemplos pueden ser ilustrativos. Uno, el del general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz, que fue el mando de mayor jerarquía que estuvo en Acteal la mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 5 de marzo de 1998 en la revista Proceso.

Pues bien, el general Julio César Santiago Díaz estuvo acompañado de 40 policías estatales durante tres horas y media, a la entrada de Acteal, mientras a 200 metros, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre la una y las cuatro y media de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal: “(...) No se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres como el 22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera… En esas tres horas y media ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: ‘Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro’”.

Esta actitud de indiferencia o de permisividad en policías y Ejército fue una constante en numerosas agresiones de paramilitares. El caso de Acteal no fue algo aislado ni único. Era la regla, como veremos más adelante.

Vayamos a un segundo ejemplo, el de Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que aconsejó al general Julio César Santiago Díaz ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre. Felipe Vásquez Espinoza era subcomandante de Seguridad Pública. En el mismo reportaje publicado en Proceso el 5 de marzo de 1998, Marín aclaró que Felipe Vásquez Espinoza, cuando tenía su base en Majomut, poco antes de ser destinado a la colonia Miguel Utrillas, del ejido Los Chorros, se enteró “que en este ejido eran Tomás Méndez Pérez y su gente, quienes se caracterizaban por la portación de armas de fuego, sobre todo AK-47 y rifles calibre 22” y que había escuchado en Los Chorros que Tomás Méndez Pérez era “el representante de los priístas.”

En otro momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó así:

“Respuesta. Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba un arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priísta, por lo que lo dejé ir.”

En declaración ministerial posterior, enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban en costales, en una pick-up, un cargamento de las armas conocidas como cuernos de chivo. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.

En el libro blanco sobre Acteal se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y el de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares priístas. El nombre de Absalón Gordillo, en cambio, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros del libro blanco de Acteal.

El gobierno dejaba, pues, vía libre para que, a través de la policía del estado, se preparara a grupos paramilitares indígenas que enfrentaran, socavaran y exterminaran a las bases zapatistas. En el cerco militar se recurría al Ejército, y en los Altos y en el norte, a las poblaciones indígenas que estaban bajo el control de subsidios oficiales.

La masacre de Acteal fue un acontecimiento brutal, pero no la primera masacre ni la única. Los pasos iniciales de una cadena de masacres se habían consumado hacía mucho tiempo. De todas ellas habían estado al tanto el gobierno estatal y las secretarías de Defensa y Gobernación. A los grupos paramilitares, como Los Chinchulines, Paz y Justicia o Máscara Roja, se les mantenía impunes porque se trataba de una guerra contra simpatizantes zapatistas. Apoyar a estos grupos paramilitares, dejarlos crecer, fortalecerlos como táctica de lucha intercomunitaria, era algo más que una omisión: era una política decidida por el Ejército a finales de 1994 y aprobada por el gobierno federal a principios de 1995.

Esto contrastaba con la crueldad de los operativos militares y policiacos emprendidos contra presuntos integrantes del EPR en la sierra de Guerrero y en la región de los Loxichas, en Oaxaca. En estos casos se había echado mano de todo tipo de violaciones constitucionales, procesales, carcelarias, humanas. Se había tratado de sofocar despiadada y sangrientamente a presuntos integrantes de una guerrilla que en los discursos oficiales no existía. En Chiapas, en cambio, los discursos oficiales sólo se empeñaban en negar la guerra oficial del Ejército contra las bases sociales del EZLN. En un caso, no existía la guerrilla; en otro, no existía la contrainsurgencia oficial.

El 7 de enero de 1998 renunció el gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y tomó posesión el nuevo gobernador Roberto Albores Guillén. Por esos días la acción militar fue significativa. La búsqueda de armas no se efectuó entre los grupos paramilitares que asesinaron en Acteal, sino en las zonas zapatistas que habían sido agredidas. ¿Cómo entender que se buscaran armas entre los agredidos y sobrevivientes de las víctimas y no entre los agresores? El periodista Jesús Ramírez Cuevas señaló el 25 de enero en el suplemento Masiosare, de La Jornada, que:

Tras la masacre de Acteal, el Ejército federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la Selva, el Norte, los Altos y la Frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenalhó. A ese municipio alteño llegaron 2 mil soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes. Se dijo públicamente que era una campaña de despistolización planeada de antemano, pero en los hechos fue una ofensiva sobre las comunidades zapatistas a base de cateos, interrogatorios a los poblados sobre la ubicación de campamentos insurgentes, sobre los dirigentes zapatistas, sobre las armas y los radios de comunicación. Los militares también saquearon casas, tiendas, cooperativas... Actualmente existen más de 50 mil soldados distribuidos sólo en cuatro de las nueve regiones del estado... En algunos casos, como en la región de la Selva, hay un soldado casi por familia de siete integrantes...

En efecto, un amigo mío, con buen humor, ilustraba los cambios de las políticas federales en los Altos y cañadas de Chiapas diciendo que en ese momento a cada núcleo familiar indígena se agregaba, además de un antropólogo particular, un soldado que los vigilaba.

 
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